Déficit fiscal sigue elevado, pese a más créditos externos e internos

Las arcas del Estado, en los últimos diez años, siempre tuvieron un aliado. El crédito externo. Así de $us 3.927 millones, en 2011, los préstamos se dispararon exponencialmente hasta marcar los $us 12.525 millones, a mayo de 2021.

Alentados por estos ingresos y por los excelentes precios internacionales de los commodities, la espalda del aparato estatal se fue ensanchando. Con ello aumentó el gasto, particularmente el corriente. Así en 2018, fue de Bs 121.729 millones. En 2019, subió a Bs 131.756 millones. En 2020, rozó los Bs 138.000 millones, según la Fundación Jubileo.

Es en este contexto de abundantes recursos e incremento del gasto público, desde 2014 se fue gestando un desequilibrio entre ingresos y gastos. Un desequilibrio que los economistas llaman déficit fiscal. Que en 2020, fue de un 12,73% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Aunque el Ministerio de Economía, para esta gestión proyectó un déficit fiscal de un 9,7% en relación al PIB.

Pero ¿qué es el déficit fiscal? El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) lo define como el resultado negativo de las cuentas del Estado, ocurre cuando el gasto público es mayor al conjunto de los recursos, originando una deuda del Estado. O como el exceso de los egresos sobre los ingresos, ya sea, del sector público consolidado, del Gobierno central o del sector público no financiero.

¿Cuál es importancia? Parafraseando al economista Róger Wilson Alfaron, en la medida que el déficit fiscal esté financiando gastos de capital (inversiones) del sector público y no así gastos corrientes, mayor será el crecimiento económico.

¿Qué sucede en el país?

Es Fundación Jubileo la que hace notar que el profundo déficit fiscal y el consecuente endeudamiento de los últimos años presenta una situación que da señales de insostenibilidad. Y si no se realizan ajustes o reformas, no solo en las finanzas públicas, sino en la economía en su conjunto, puede haber mayores problemas.

La institución precisa que el Estado se ha endeudado incluso en momentos de bonanza y para mantener su nivel de gasto y el modelo económico. La deuda creció. Hace notar que hay desajustes macroeconómicos por resolver, que no permiten una recuperación de la economía.

“Se deben resolver los desajustes macroeconómicos para lo cual se necesitará financiamiento. Pero, si nos seguimos endeudando sin un plan, el problema será mayor”, alerta Jubileo.

En 2006, la deuda pública fue de $us 4.955 millones y en 2020 subió a $us 16.522 millones un monto superior en 3,3 veces al comienzo del Modelo de Economía Social Comunitario Productivo y de los cuales 2,7 veces corresponde al total de la deuda externa, observa Germán Molina, analista económico.

Que desgrana que hubo un aumento significativo de la deuda pública total por persona. En 2006 era de $us 551 por individuo y en 2020 cada uno de nosotros debía $us 1.377.

Tomando en cuenta solo la deuda externa, en 2006 cada uno de los bolivianos tenía una responsabilidad con el exterior por $us 350. El año pasado, las obligaciones habían subido a $us 1.040 por persona. El incremento fue de $us 690 por persona, durante 14 años, asegura Molina.

A pesar del aumento de la deuda externa, el Gobierno, desde hace siete años, sigue arrastrando el desequilibrio ‘crónico’ de un mayor gasto con respecto a sus ingresos. ¿Por qué? ¿Qué hace con la plata que recibe? o ¿Con la que genera?

Es la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) que está bajo la tuición de Ministerio de Planificación del Desarrollo, la que explica que, ante la vigencia del Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo del Vivir Bien, la redistribución de los ingresos es el pilar de la política económica del Gobierno.

El Estado tiene la obligación de compartir los recursos, especialmente entre las personas de escasos ingresos. Con la política redistributiva de ingresos, se logró priorizar la asignación de recursos en sectores sociales vulnerables como adultos mayores, mujeres embarazadas e infancia, niñez y adolescencia, de acuerdo con la Udape.

En la línea de redistribución de los ingresos, desde la cartera económica se detalló que el salario mínimo se incrementó en 382%, de Bs 440 en 2005 a Bs 2.164 en 2021. Marcelo Montenegro, ministro de Economía, remarcó que el Gobierno seguirá con sus políticas de aumentar el salario de la clase trabajadora para reponer el poder adquisitivo y fortalecer la redistribución de ingresos para dinamizar la economía.

El gasto social es rescatable. Pero no el gasto corriente en salarios del aparato estatal, en empresas públicas que no son rentables.Aspectos que cuestiona el economista Jaime Dunn. Que resalta para seguir con esta política de redistribución el Gobierno, ante la dificultad de obtener recursos del exterior, gira su mirada al Banco Central de Bolivia (BCB) y la columna del debe, se puso en rojo.

La deuda interna en 2014 alcanzó los Bs 28.664 millones, un 13% del PIB. A agosto de 2021, se ubicó en los Bs 83.000 millones. El Gobierno, para Dunn sigue mantenimiento un alto nivel de gasto y a la vez las posibilidades de financiamiento externo se han visto disminuidas, razón por la cual recurre al financiamiento interno.

Dunn proyecta que se espera un sostenido incremento de la deuda interna y externa hasta cerca del 60% del PIB debido a los continuos déficits fiscales que se tienen y que se vienen acumulados desde 2014 y por el rápido incremento de la deuda interna que últimamente crece de manera desproporcionada.

Para el Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec) de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la deuda per sé no es un problema, sino el destino de los recursos, especialmente cuando se dirigen a actividades que no aseguran un retorno. Esto se dificulta cuando el empréstito es en moneda extranjera y el destino de los flujos no asegura la disponibilidad de divisas para el servicio de la deuda (capital e intereses).

También recordó que al país se le condonó un porcentaje importante de la deuda externa a inicios de la primera gestión del expresidente Juan Evo Morales. Sin embargo, en los últimos años, principalmente en el último lustro la deuda se ha incrementado. Incluso en 2012, 2013 y 2017 el país captó recursos en mercados de capitales internacionales mediante bonos soberanos.

¿Y los $us 3.000 millones?

Con el objetivo de captar a los inversores extranjeros el Gobierno en reiteradas ocasiones anunció la colocación en el mercado bursátil de Bonos Soberano para obtener liquidez por unos $us 3.000 millones.

Sin embargo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo a EL DEBER que todavía no era el momento ideal para le mencionada operación y que se haría cuando fuera ‘conveniente’. 

Por la situación económica actual, los diferentes indicadores y la calificación de riesgo de Bolivia emitida por las calificadoras internacionales, en caso de poder emitir estos bonos soberanos, sería a un costo muy alto (altas tasas de interés). En varias gestiones, la ley del Presupuesto autorizaba la emisión de estos bonos, pero en la práctica no se concretó, reflexionan desde Jubileo.

Dunn es más directo y afirma que el Gobierno no ha podido realizar la colocación de los $us 3.000 millones de bonos en el extranjero, debido a que las condiciones crediticias del país han empeorado desde el año pasado.

Los bonos de 2028, fecha en que vencen, se están transando a $us 90 centavos por cada dólar de deuda boliviana. Eso implica una tasa de financiamiento para el país muy por encima de la tasa de emisión nominal y más cercana a los dos dígitos, explica Dunn.

Molina resalta que esos recursos iban a financiar parte del gasto público del Estado y a su vez amortiguar el déficit fiscal que sufre la economía.

Ante la consulta de cómo influyen las últimas calificaciones de riesgo de Fitch Ratings y Moody’s, para el Cebec-Cainco las calificadoras a escala internacional definen que Bolivia es un país “no grado de inversión o especulativo”. Esto es que el desempeño de Bolivia a ojos de los inversionistas externos se ha deteriorado.

Sin duda, una menor calificación repercute negativamente en: las condiciones financieras de tasas de interés menos competitivas; mayores tasas de interés para tomar riesgo en Bolivia; y, condiciones de concesionalidad (acceso) menos flexibles, puntualiza el Cebec.