. Se prevé que este año la emisión de bonos será de al menos Bs 17.910 millones. Esta necesidad de financiar la inversión pública a través de un mayor endeudamiento interno impacta al sistema financiero

12 de junio de 2022, 7:55 AM
12 de junio de 2022, 7:55 AM


Desde la pasada gestión, el Gobierno pisó el acelerador en la colocación de valores con los que se financia en el mercado interno. En solo un año, estos títulos se volvieron una dura competencia para otros actores de la economía que se disputan el ahorro nacional, como la banca, que al ver reducida así su capacidad de obtener financiamiento corre el riesgo de ralentizar el crecimiento de su cartera de créditos y su desarrollo mismo como sector.

Informes del Banco Central de Bolivia (BCB) detallan que las colocaciones brutas del Tesoro General de la Nación (TGN) con fines de política fiscal; es decir, la captación en el mercado interno de recursos para el presupuesto estatal a través de valores, aumentaron en 150% en la pasada gestión, de Bs 5.319 millones en 2020 a Bs 13.321 millones en 2021.

¿Qué significa esto para la economía nacional? Cuando una persona requiere dinero acude al sistema financiero y adquiere un crédito, pero cuando la banca o el Gobierno central necesitan recursos emiten depósitos a plazo fijo (DPF) y valores del TGN, respectivamente, con tasas de interés atractivas y a plazos mucho más extensos.

Esos DPF y valores son adquiridos, en general, por grandes inversionistas como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión, los fondos de inversión y las compañías aseguradoras, entre otros.
Una vez que se intercambian los DPF y valores del TGN por dinero, los bancos pueden otorgar créditos de largo plazo; y el Gobierno puede destinar esos recursos al financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE).

Los datos del BCB dan cuenta de que en 2021 las instituciones que adquirieron los Bs 13.321 millones en valores del TGN son principalmente las AFP, con Bs 10.921 millones (82%), y el Fondo de Protección del Ahorrista (FPH), con Bs 2.400 millones (17%). “El principal propósito de estas operaciones es financiar el déficit fiscal”, aseveró Armando Álvarez, ex gerente de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV).

“El déficit de 2021 ha sido todavía muy alto. Anteriormente, el Gobierno se financiaba sobre todo con recursos del Banco Central, pero eso es muy peligroso para la estabilidad económica. Ahora, parece que ha decidido ir al mercado (interno), financiándose especialmente con las AFP”, afirmó a su vez Juan Antonio Morales, expresidente del BCB. 

“Las AFP están invirtiendo en bonos del TGN más que en años anteriores”, mientras que los depósitos a plazo fijo de la banca “apenas crecen”, apuntó Álvarez.

“La gran competencia para las inversiones de las Futuro y Previsión BBVA es la banca. Si la tasa de interés (de los valores del TGN) es mejor que la de los DPF (de la banca), las AFP van a comprar títulos del Gobierno”, sostuvo Morales.
“Existe mayor competencia por los recursos provenientes de las AFP”, confirmó el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, quien precisó además que la principal fuente de recursos para seguir dando créditos en la banca son los ahorros del público, que incluyen los provenientes de Futuro y Previsión BBVA.

Pero la competencia por los recursos locales no es el único efecto. La colocación de más valores del TGN en el mercado interno tiene múltiples consecuencias. 

Al no poder captar con sus DPF las inversiones de largo alcance de las AFP, la banca tiene dificultades para otorgar créditos con plazos de 25 o 30 años, como los de vivienda social. Entonces, comienza a colocar DPF con vencimientos más cortos, lo que le permite otorgar también créditos a “plazos más cortos”, explicó Álvarez. 

Esto sucede en un momento en que las financieras reciben menos recursos debido a dos factores que influyen en su capacidad para dar financiamiento al público: al diferimiento del pago de créditos en el primer año de la pandemia y a la reprogramación del pago de préstamos por la extensión de la emergencia sanitaria.

La banca reportó que la cartera diferida se redujo en 38% y se situó en $us 2.203 millones a marzo de 2021 con respecto a diciembre de 2020, cuando concluyó el plazo de suspensión de pagos. La cartera reprogramada, por su lado, creció en el mismo periodo de $us 1.079 millones a 5.534 millones.

El no recibir con regularidad los pagos por los préstamos que dieron y el no poder contar con las inversiones de las AFP “tiene efecto en la capacidad de prestar a largo plazo de las instituciones financieras” (...), lo que seguramente va a ralentizar el crecimiento de la cartera de créditos y va a limitar el financiamiento para el sector privado”, consideró Álvarez. “Por ahora el efecto no es tan significativo, pero en el tiempo sí va ser mayor”, precisó.

La competencia por las inversiones de las AFP hace también que la banca aumente las tasas de interés de los DPF que ofrece a los ahorristas, lo que —primero— encarece sus costos y —segundo— incide en una elevación de la tasa de referencia (TRE), la cual a su vez produce un incremento en las tasas de interés de los créditos no regulados, los de comercio y consumo; por ejemplo. 

Además, “en un contexto en el que más del 60% de la cartera del sector bancario se encuentra colocada en operaciones del sector productivo y de vivienda de interés social, con tasas de interés fijas, el continuo aumento de la tasa de interés pasiva (para los ahorristas) se constituye en un elemento a ser tomado en cuenta, por sus efectos en el margen de tasas de interés (de los créditos no regulados), en el margen financiero y en los resultados del sector, variables que se relacionan con el crecimiento sectorial esperado”, indicó el ejecutivo de Asoban.

Y en estos resultados puede influir también la posible aplicación de porcentajes de crecimiento anuales para los préstamos productivos y de vivienda de interés social anunciada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en marzo pasado.

Los expertos ven, asimismo, que la mayor colocación de valores del TGN seguirá causando también un mayor endeudamiento del Estado.
“Esta situación (la emisión de bonos del Estado) va a continuar, porque el déficit sigue siendo alto. El Gobierno tiene un programa de inversiones públicas muy grande (Bs 34.900 millones) que necesita financiar y no ha podido encontrar recursos externos; entonces, va a apelar a los recursos internos, a los de las AFP”, afirmó Morales.

La Bolsa Boliviana de Valores informó que al 31 de mayo de 2022 el monto emitido en subasta del Banco Central de Bolivia, que posteriormente se puede negociar en el mercado bursátil, alcanzó los Bs 5.011 millones. De ese total emitido, “alrededor del 93% corresponde a instrumentos emitidos por el TGN”, precisó. 

Mayores compromisos

“Va a llegar un momento en que se debe devolver el efectivo y retirar estos títulos del TGN. Cuando eso suceda, el Gobierno tiene que contar con recursos para honrar estas obligaciones en las que está comprometida la fe del Estado. Si no tuviese recursos, va a pagar estos títulos emitiendo otros valores que comprarían otros agentes económicos”, indicó el economista Germán Molina, al proyectar un escenario futuro.

Álvarez reveló el PGE 2022, aprobado mediante ley en diciembre de 2021, proyecta una emisión de Bs 17.910 millones en valores del TGN, mientras que el Programa Fiscal Financiero 2022, firmado por el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia el 29 de marzo pasado, contempla un financiamiento interno al sector público de Bs 19.750 millones, monto que según Morales incluye los créditos del BCB.

“Sobre la base de las determinaciones asumidas por el Consejo de Administración de Valores del Tesoro y considerando las operaciones con valores del TGN en 2021, el saldo de valores con fines de financiamiento fiscal cerró la pasada gestión con Bs 38.068 millones, debido principalmente a la necesidad de financiar la inversión pública y de esta forma apoyar a la recuperación de la actividad económica”, indicó el BCB en su Informe de Operaciones de Mercado Abierto 2021.

Los créditos de liquidez del Banco Central se reducen de Bs 11.100 a 4.000 millones

El Programa Fiscal-Financiero (PFF) 2022 dispone que el Banco Central de Bolivia (BCB) le pueda entregar este año al Tesoro General de la Nación (TGN) hasta Bs 4.000 millones en créditos netos de liquidez, un monto que es menor que a los Bs 11.100 millones que como máximo podía prestar el ente emisor a las arcas del Estado en la anterior gestión. 

De acuerdo con el documento publicado en la página web del Ministerio de Economía, este financiamiento se desembolsará precautelando la estabilidad financiera y macroeconómica del país y “como recurso de última instancia”.

Juan Antonio Morales, ex presidente del ente emisor, explicó que mientras la administración de Luis Arce “se pueda prestar recursos en el mercado” interno “a tasas razonables, no hay un efecto inflacionario”.
“Lo que pudiese dar lugar a una inflación, son los préstamos del Banco Central. Probablemente, en previsión de ese peligro es que el Gobierno está acudiendo al mercado interno, emitiendo valores del TGN”, agregó.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el BCB proyectan para este año un crecimiento del Producto Interno Bruto en torno al 5,1%, una inflación de fin de periodo del 3,3% y un déficit fiscal del 8,5%. Las metas cuantitativas del PFF 2022 buscan “garantizar la estabilidad de precios y la solvencia del país”, cita el documento.

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