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El abogado Christian Tellería denunció que el exfuncionario de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), de nombre Juan José Orellana, fue detenido arbitrariamente y trasladado a la cárcel de San Pedro (La Paz), pese haber devuelto la suma de Bs 41.100 que le fueron depositados en su cuenta como pago de finiquito. El aludido forma parte de las personas involucradas que recibieron este pago, cuando se conocieron las presuntas irregularidades cometidas por el gerente de la estatal de ese entonces, Elio Montes.

El abogado sustentó que Orellana, por ignorancia a las leyes, al no haber cumplido los tres meses de trabajo que dicta la ley General del Trabajo para recibir este beneficio, retiró el depósito que le hicieron a su cuenta personal. Sin embargo, decidió devolver el dinero a la empresa estatal, figurando desde entonces junto a otros 13 exfuncionarios como testigo en el caso.

“Son delitos inexistentes que él no ha cometido. Si bien él ha cometido un error al no conocer la ley, porque el recibió un finiquito de Bs 41.100 sin haber cumplido los tres meses de trabajo que dice la ley General del Trabajo para que lo hayan indemnizado; pero ha sido un error, no un delito, en ningún momento ha conspirado ni ha quedado con sus jefes para enriquecerse ilegítimamente”, expresó el Telleria.

Resaltó que su defendido fue detenido cuando se disponía a viajar al extranjero por vacaciones, el pasado mes de abril. Una “alerta migratoria ilegal” habría sido el motivo para su detención, la cual al no ser probada prosiguió a su liberación y fue citado a declarar como testigo a los dos días, donde finalmente lo detuvieron para trasladarlo a la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz como implicado en el caso.

“Por querer viajar al extranjero de vacaciones y por una alerta migratoria ilegal, le amplían la investigación y lo detienen, y el juez dice que estaba haciendo actos preparatorios de fuga, siendo que no tenía una alerta migratoria, ni ningún arraigo. Hace un mes apelamos y la apelación tiene 72 horas según el Código de Procedimiento Penal para que se ponga en conocimiento del vocal superior en grado y hasta ahora esa apelación no sube”, sostuvo el jurista al agregar que se retirará la apelación y se va solicitar una audiencia de cesación a la detención preventiva.

Finalmente explicó que su defendido de profesión ingeniero de Sistemas, trabajó solo tres semanas ocupando un cargo público en Entel y que, de los 13 funcionarios que recibieron finiquitos, solo Orellana se encuentra detenido.

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