Desalojo de colonia menonita en Valle Verde obedece a intereses políticos, según abogado
El representante de las familias menonitas aclaró que esas familias son bolivianas y no extranjeras, como indicó ayer el INRA Santa Cruz. Se prevé un nuevo intento de desalojo en las próximas horas.
Por Walter Vásquez
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) pretende desalojar nuevamente este martes del predio Guayacanes, en Valle Verde, a ciudadanos cruceños de religión menonita para entregar dichas tierras productivas a interculturales y campesinos afines al gobierno, denunció el abogado de la colonia Alejandro Altamirano.
Ayer, se presentaron en la zona más de 300 efectivos policiales con el objetivo de realizar el desalojo de 120 familias de la colonia Valle Verde que se encuentran al interior del predio de 2.000 hectáreas Los Guayacanes, ubicado en la localidad de Quimone, en el municipio de San José de Chiquitos.
El diálogo con los uniformados permitió paralizar el desalojo de menonitas, que son “personas nacidas en Santa Cruz”, subrayó Altamirano, quien acotó que “el hecho de tener religión menonita no los hace extranjeros”.
Mediante un comunicado, el INRA indicó ayer que la comunidad Valle Verde, ubicada en el municipio de San José de Chiquitos, conformada por familias menonitas (extranjeras), se encuentra asentada sobre tierras fiscales otorgadas al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), en calidad de usufructo.
“Por lo tanto, informamos al público que el proceso de desalojo en el presente caso se viene realizando desde hace seis meses, por lo que implica procesos administrativos y legales, en coordinación con el INIAF y el Comando Departamental”, indicó el INRA que asegura tener "cero tolerancia al avasallamiento".
El comunicado se mantiene pero la frase “familias menonitas (extranjeros)” fue retirada del pronunciamiento.
Altamirano sostiene que Los Guayacanes pertenece a Valle Verde y cuenta con documentos que lo prueban, como el certificado alodial que establece que la titularidad del predio recae sobre el boliviano F. P. J. , apoderado legal de la colonia.
“La intención del INRA no es desalojar” a esas familias del lugar, con el argumento de que son tierras fiscales, sino “proteger a interculturales y campesinos, que no son de la zona y son afines al MAS, para que se queden con las inversiones, casas, sembradíos y todo los trabajos que hay en el predio”, denunció el abogado.
De hecho, recordó que la columna policial que llegó ayer a la región para efectuar el desalojo, fue escoltada por dos vehículos que tenían en sus puertas el escudo de la Confederación Social Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y dos micros que también llevaban a supuestos comunarios e interculturales.
Autoridades municipales de San José de Chiquitos y Quimone, así como los comités cívicos de ambas poblaciones, decidieron sesionar esta tarde en Los Guayacanes para expresar su apoyo a Valle Verde y tomar decisiones en favor de la colonia, según Altamirano.
Mientras tanto, la Policía se encuentra a un kilómetro del predio, esperando órdenes para iniciar el desalojo.
El abogado Altamirano mostró también una carta en la que el asesor legal del INRA, Wilber Ríos, el 12 de enero solicita al comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Erick Holguín, que tras el desalojo brinde resguardo policial en la Comunidad 19 de Noviembre por el lapso de cinco días, “a efectos de precautelar la integridad física de los comunarios, así como también para evitar avasallamientos nuevos”.
“Todo este acto abusivo y atropellador es ejercido bajo presión de interculturales y campesinos que son quienes manejan el INRA (…). Este es un tema político. Pretenden destruir la Chiquitania para que el MAS tenga mayor peso en esta área”, concluyó Altamirano.
