La Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios considera que parte de los aportes patronales de vivienda del 2% deben ser un respaldo ante las entidades financieras. Observa que el programa de financiamiento de la AEVivienda es de bajo impacto

18 de septiembre de 2022, 18:42 PM
18 de septiembre de 2022, 18:42 PM

Ante los problemas para acceder a un financiamiento para la compra de una vivienda social, debido a que las entidades financieras deben respetar ciertas normas para evitar riesgos, la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) considera que se deben buscar otras alternativas que permitan que los recursos destinados para la compra de una vivienda social o su mejora lleguen a los sectores con menores recursos.

Juan Pablo Saavedra, presidente de la CBDI, sostuvo que el trabajo que está realizando la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) como desarrollador inmobiliario es una actividad complicada en la que se deben tomar varios factores.

Saavedra sostuvo que se ven problemas en los programas de Comunidad Urbana que lleva adelante la AEVivienda y que la baja demanda de sus unidades habitacionales tiene que ver quizás con una mala elección del terreno o del producto (departamentos o casas).

Al desarrollar un conjunto habitacional se debe tomar en cuenta la zona, el acceso al transporte público, si hay centros comerciales cerca y si el proyecto tiene la competencia de otro desarrollador”, explicó Saavedra.

Además, considera que urge un golpe de timón que permita un acercamiento entre la AEVivienda y los desarrolladores privados para que los recursos que ya están destinados a las viviendas sociales no sigan ‘durmiendo’.

Saavedra cree que la mejor solución es la creación de un fondo de garantía que reciba parte de los aportes patronales de vivienda del 2% -que ahora son destinados a la AEVivienda- para garantizar y fondear operaciones enfocadas en los sectores que actualmente no acceden a financiamiento bancario por tener un perfil de riesgo mayor al que aceptan los bancos actualmente.

A su criterio, este mecanismo tendrá además un impacto mucho mayor en la economía que la gestión de la entidad estatal, debido a que al ser un fondo de garantía, sólo se utiliza a la hora de compartir pérdidas con las entidades financieras correspondientes, así que hay un efecto multiplicador grande.

“Por ejemplo, si el índice de mora/pérdida fuera un 5% (que ya es un número bastante alto para vivienda), significa que un fondeo de $us 100 millones por año podría respaldar una cartera de vivienda social de $us 2.000 millones por año. Asumiendo un crédito promedio de $us 30.000, serían unas 66.000 viviendas por año, que además de beneficiar a muchas familias, generaría un gran movimiento económico, que en este momento es necesario”, remarcó Saavedra.

En la actualidad, el acceso a una vivienda digna sigue siendo un reto que los diferentes gobiernos han tenido dificultad para resolver. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) al 2019, se registra un déficit habitacional cualitativo por arriba del 40%.

Esto significa que más de 1,5 millones de familias habitan en una vivienda con materiales deficientes, con acceso limitado a servicios básicos o en condiciones de hacinamiento. De ahí la importancia de los programas de acceso a las viviendas sociales o la mejora de los que ya tienen su casa.