La devaluación acumulada del 57% y la implementación del tipo de cambio flexible han vuelto a poner en jaque a la industria de la construcción. La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) asegura que el nuevo escenario económico dejó nuevamente desactualizados los contratos de obras públicas y privadas, por lo que plantea una reforma estructural al sistema de contrataciones del Estado.
El presidente de Cadecocruz, Eduardo Rodas, explicó que el sector ya había logrado un alivio temporal con el decreto aprobado por el Gobierno para permitir el reajuste excepcional de precios en los contratos. Sin embargo, la nueva política cambiaria volvió a disparar el costo de los materiales y equipos importados, haciendo insuficiente esa medida.
"Cuando se aprobó el mecanismo de reajuste, la devaluación rondaba el 38%. Hoy ya hablamos de un 57%, por lo que muchos contratos han vuelto a quedar fuera de la realidad económica", afirmó durante una entrevista en el programa Dinero.
Rodas explicó que prácticamente toda la cadena de la construcción se encuentra afectada. Si bien los mayores incrementos se registran en los materiales importados, el impacto también alcanza a los insumos nacionales debido al encarecimiento del transporte, la maquinaria, los repuestos, los lubricantes y otros componentes que dependen del dólar.
"El efecto no solo se siente en el acero o los acabados importados. También termina reflejándose en el cemento, los agregados y prácticamente en todos los insumos que utiliza la industria", sostuvo.
Una nueva ley para reemplazar el actual sistema
Ante este escenario, Cadeocruz impulsa una propuesta para modificar de manera definitiva el régimen de contratación pública.
El planteamiento consiste en sustituir el actual Decreto Supremo 181 por una Ley de Contrataciones para la Construcción, diseñada específicamente para las características del sector y con mecanismos permanentes de actualización de precios.
Según Rodas, el actual sistema obliga a emitir decretos extraordinarios cada vez que ocurre una crisis económica, mientras que la nueva normativa incorporaría fórmulas de indexación que ajusten automáticamente los contratos cuando existan variaciones importantes en indicadores como el tipo de cambio, la inflación o el costo de los insumos.
"Lo que necesitamos es una herramienta permanente. No podemos depender de decretos de emergencia cada vez que cambian las condiciones económicas", remarcó.
El dirigente señaló que la propuesta ya es trabajada de forma conjunta entre las cámaras departamentales del país y la Cámara Boliviana de la Construcción, con el objetivo de presentarla al Gobierno y a la Asamblea Legislativa.
Obras con menor rentabilidad y mayor incertidumbre
Rodas explicó que la volatilidad cambiaria dificulta la planificación financiera de las empresas constructoras, especialmente en proyectos de largo plazo donde los precios fueron fijados meses atrás bajo un escenario económico completamente distinto.
A ello se suma la incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio, lo que complica la elaboración de presupuestos y la contratación de nuevas obras.
"Hoy es muy difícil calcular el costo final de un proyecto cuando no existe certeza sobre cuánto costarán los materiales dentro de seis meses o un año", indicó.
El presidente de Cadecocruz añadió que la escasez de diésel continúa afectando la ejecución de obras en todo el país. Si bien varias empresas ya optan por adquirir combustible a precios superiores para no detener sus operaciones, el verdadero problema sigue siendo la disponibilidad del producto.
"El diésel más caro es el que no existe. Cuando una obra se paraliza porque no hay combustible, las pérdidas son mucho mayores que el incremento en el precio", afirmó.
El dirigente concluyó que la construcción enfrenta uno de los escenarios más complejos de los últimos años debido a la combinación de devaluación, inflación de costos, incertidumbre cambiaria y problemas de abastecimiento de combustibles. En ese contexto, insistió en que el país necesita una normativa moderna que permita adaptar los contratos a la realidad económica y otorgue mayor previsibilidad a uno de los sectores que más empleo genera en Bolivia.