La inflación acumulada, la pérdida del poder adquisitivo de los hogares y los desequilibrios económicos heredados de años anteriores comenzaron a reflejarse con mayor intensidad en distintos sectores de la economía boliviana. En este contexto, la implementación del nuevo esquema de tipo de cambio flexible constituye una medida orientada a contribuir al proceso de normalización y estabilización económica del país, aunque también implica un período de adaptación para familias y empresas que asumieron compromisos bajo condiciones macroeconómicas diferentes.
Uno de los sectores donde esta realidad ya se hace evidente es el inmobiliario. Miles de familias expresan preocupación por la dificultad de mantener el ritmo de pago de terrenos y viviendas, mientras el incremento sostenido del costo de vida reduce su capacidad adquisitiva y afecta la planificación financiera de los hogares.
Al mismo tiempo, las empresas desarrolladoras afrontan un escenario significativamente más complejo que el existente cuando gran parte de los contratos fueron suscritos. El aumento de los costos de construcción, urbanización, materiales, servicios, transporte, financiamiento y operación ha incrementado considerablemente la inversión necesaria para concluir los proyectos comprometidos.
Muchos de estos proyectos fueron comercializados hace varios años mediante contratos pactados o referenciados en dólares, cuando las condiciones económicas del país eran distintas. A pesar del cambio en el entorno económico, las empresas continúan realizando un importante esfuerzo para honrar los compromisos asumidos con sus clientes, concluir las obras, cumplir con proveedores y trabajadores y mantener la confianza que durante décadas permitió a miles de familias acceder a un patrimonio mediante financiamiento directo.
"Detrás de cada contrato existe mucho más que una operación comercial; existe el sueño de una familia de construir su patrimonio y también el compromiso de una empresa que trabaja para cumplir la palabra empeñada", señala la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios.
La institución recuerda que el financiamiento directo desarrollado por el sector ha permitido que miles de familias bolivianas que no calificaban para un crédito bancario accedieran a un terreno o una vivienda mediante planes de pago de largo plazo, convirtiendo al desarrollo inmobiliario en un importante mecanismo de inclusión patrimonial y movilidad social.
En ese contexto, la CBDI sostiene que la actual coyuntura no debe interpretarse como un escenario de confrontación entre empresas y clientes, sino como un desafío compartido que requiere diálogo, buena fe, transparencia y soluciones construidas sobre la confianza mutua.
Por ello, exhorta a sus empresas asociadas a fortalecer los canales de atención, analizar cada situación de manera individual y buscar alternativas responsables que permitan preservar los contratos, proteger el patrimonio de las familias y garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
La Cámara advierte que preservar la confianza es fundamental durante este proceso de adaptación económica. El sector inmobiliario genera más de 130.000 empleos directos y alrededor de 300.000 empleos indirectos, además de dinamizar una extensa cadena de industrias, proveedores, profesionales y servicios. En ese sentido, considera que reducir la incertidumbre mediante información responsable, diálogo permanente y consensos contribuirá a proteger el empleo, mantener la inversión y fortalecer uno de los sectores con mayor efecto multiplicador sobre la economía nacional.
Finalmente, la institución reafirma que la recuperación económica requiere el compromiso de todos los actores. Familias, empresas y Estado comparten el desafío de reconstruir la confianza, preservar la seguridad jurídica y generar las condiciones necesarias para consolidar la estabilidad, proteger el patrimonio de los bolivianos y seguir impulsando el desarrollo económico y la generación de empleo en el país.