Escucha esta nota aquí

Todas las personas, incluyendo asalariados y funcionarios públicos, que tengan un préstamo en el sistema financiero podrán acogerse al diferimiento de sus créditos hasta el 31 de diciembre. El dato lo dio este lunes, la presidenta de la Comisión Económica de la Cámara de Diputados, Otilia Choque, que advirtió que el Poder Ejecutivo no puede hacer una reglamentación, porque la ley tiene alcance universal.

La parlamentaria formuló esta declaración después de que el ministro de Economía, Óscar Ortiz, informara que el Gobierno reglamentará la norma.

La parlamentaria recalcó que el beneficio tendría que ser diferenciado porque no todos los sectores están en las mismas condiciones económicas y era necesaria una regulación.

Pero Choque sostuvo que esta figura no corresponde; porque se modificó solo un artículo de la norma. Este cambio, según dijo, incluye a todos los actores y no discrimina a ningún sector por lo que advirtió que “una reglamentación sería ilegal”.

“No se puede hacer el reglamento por un solo artículo. La ley es para todos los acreedores, señaló la diputada.

De darse una reglamentación, según la legisladora, “el Ejecutivo se está exponiendo a un proceso penal por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes”, establecido en el artículo 153 del Código Penal.

 “La norma es clara. Hasta el 31 de diciembre no se pagará. Y es para todas las personas que tengan créditos en bancos o cooperativas. Antes, hubo modificaciones para que los asalariados y los funcionarios públicos paguen en septiembre, pero ahora no. La ley es para todos los que tienen deudas en las entidades financieras”, sostuvo.

Cabe recordar que anteriormente, el Gobierno lanzó una reglamentación que excluyó del beneficio a asalariados y funcionarios públicos.

Aunque algunos prestatarios con dependencia patronal lograron diferir sus préstamos hasta septiembre, mediante un proceso con sus bancos.

Pero Choque sostuvo que tanto los trabajadores del sector privado como el público se beneficiarán con la medida. 

E insistió que no corresponde “una reglamentación por un artículo, y que si lo hacen (el Gobierno) estarían vulnerando la Constitución”.

Los bancos rechazaron la polémica norma e indicaron que la misma debía ser diferenciada por sectores y no general.

De hecho, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), indicó que, desde marzo de este año, vino difiriendo y reprogramando los créditos, analizando las situaciones, caso por caso, y otorgando las mejores condiciones para el pago de estos créditos.

Sin embargo, los datos de la misma entidad señalan que durante el primer semestre, los bancos han reprogramado $us 932 millones. El monto equivale al 3,7% del total de la cartera que suma $us 24.570 millones a junio de 2020.

En la anterior semana varios sectores, como los microempresarios, transportistas y comerciantes, salieron a las calles para exigir la aprobación de la Ley de Diferimiento de Créditos.