Diputado del MAS propone realizar una auditoría al saneamiento de tierras en el oriente

En una entrevista divulgada en el Sistema de Radio y Televisión Popular (RTP Bolivia), el diputado oficialista y presidente de la Comisión de la Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, y Recursos Naturales y Medio Ambiente, Héctor Arce, planteó revisar y realizar una auditoría al proceso de saneamiento de tierras en el oriente boliviano, tras descubrirse un caso de corrupción en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

“Hay estructuras y consorcios que aparentemente trafican tierra en el oriente boliviano. Los dirigentes nos han demostrado con documentos, por ejemplo, que algunos empresarios extranjeros, colombianos, brasileños y argentinos logran llevar a cabo sus procesos de saneamiento y titulación de sus predios en dos a tres años, y nuestros hermanos campesinos están tramitando entre 10 y 12 años sin conseguir igual propósito”, expresó Arce.

El diputado plantea realizar una auditoría al proceso de saneamiento de tierra y congelar los trámites en curso hasta tener un análisis detallado. 

“Se debe realizar una auditoría a todo el proceso de saneamiento desde 2005, 2010…Hay que revisarlo. Entendemos que la población crece a un ritmo exponencial y eso implica que cada vez hay que producir más alimento para satisfacer el estómago de la población, pero eso no implica que algunos sectores se aprovechen, trafiquen con la tierra y hagan riqueza a costa de la pobreza”, manifestó Arce.

El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, responsabilizó a la dirigencia de interculturales y campesinos de ser cómplices, junto con funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), del tráfico de tierras en el país.

A juzgar por Colque, el tráfico de tierra se efectúa por el avasallamiento (ocupación ilegal de predios) por razones políticas y económicas de comunidades campesinas y de 'comunidades fantasma', que después venden las tierras a sectores privados. 

Afirma que Santa Cruz concentra el valor más alto de la tierra que, en promedio, alcanza los $us 1.000 por hectárea. “Una propiedad de 1.300 hectáreas vale por lo menos $us 1,3 millones. Es el valor comercial que está por detrás de estos intereses de estas coimas y prebendas”, dijo.

Para el director de la Regional Oriente de Fundación Tierra, Alcides Vadillo, la tierra se ha constituido es un bien de capital transable y en una mercancía evaluable en dinero. “No solo se mueven aquellas propiedades que por ley están en un mercado de tierra como la mediana propiedad y empresa agrícola. También vemos un mercado nada transparente de pequeñas propiedades. Por ley está prohibida la división de la pequeña propiedad y por ley las comunidades comunitarias no se deben transferir ni dividir; sin embargo, vemos que también han entrado a un mercado informal de tierra”, subrayó.

Hizo notar que hoy la pequeña propiedad en la práctica se divide, alquila y transfiere en su totalidad o en porciones. Aduce que hay un mercado muy dinámico de la tierra porque un valor económico y, además, porque hay mucha expectativa de sectores sociales de obtener nuevas tierras. “Se venden en un lado para generar un capital y ocupar tierras más allá con otra inversión”, manifestó Vadillo.   

Dijo que hay una situación alarmante porque hay regiones muy frágiles, como la chiquitana que se visibiliza como la zona de expansión de la frontera agrícola y donde se llevan a cabo inversiones para ampliación de cultivos de soya y de pasto para la ganadería y donde también existe un área donde se está llevando gente para entregarle tierras para agricultura y eso implica desmonte.

“Aquí los problemas son los impactos que esto va traer en el medioambiente. Es una región ecológicamente frágil donde a menos monte menos humedad y a menos humedad mayor sequía y más incendios”, sentenció Vadillo.

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