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Instituciones empresariales de todo el país advierten sobre los efectos que rumores malintencionados pueden generar en el sistema financiero. Esto a raíz de que los diputados del MAS, Juanito Angulo y Beto Astorga (Comunidad Ciudadana), coincidieron en su pedido de investigar a Banco Fassil y su capacidad financiera para participar en un proyecto millonario inmobiliario en Santa Cruz.

Angulo recomienda a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) pedir informes al Banco Fassil por el manejo de sus millonarios recursos económicos, que a criterio del legislador oficialista generan dudas, “debido a que no se entiende cómo la entidad financiera baja de categoría, pero a la vez financia un millonario proyecto inmobiliario que debe ser investigado, aunque la entidad sea privada.

Mientras que, Astorga, afirmó que el ministro de Economía y la ASFI deben investigar a la entidad bancaria por el financiamiento millonario que realiza permanentemente pese a que instancias internacionales han bajado su categoría a 'CCC'.

Ante este pedido de investigación la reacción empresarial del país no se hizo esperar. Así desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), hicieron notar que de acuerdo con las calificadoras AESA Rating SA, Moody's Local PE y Microfinanzas Ratings, Banco Fassil cuenta con una evaluación A+/A1 calificación que técnicamente corresponde a 'Buena Calidad', para la regulación nacional.

Por ello, la Cainco destaca que la entidad mencionada ha incursionado voluntariamente al mercado financiero global y cuento con una comparación comparativa a escala mundial que es distinta a las evaluaciones locales porque también dependen de la calificación ‘Riesgo País’ de Bolivia y es útil para otros propósitos a nivel internacional.

Para la institución representativa del sector privado "es incorrecto comparar las calificaciones de riesgo nacional e internacional", porque pueden confundir a la población y generar alarmas innecesarias con consecuencias sistémicas a la estabilidad financiera del país.

A su vez, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), rechaza cualquier agresión en contra de las empresas que generan puestos de trabajo y aportan en la recuperación de la economía de Bolivia.

“Consideramos que cualquier actividad de fiscalización debe seguir los conductos regulares establecidos en las normas vigentes para evitar que se pretenda afectar a la iniciativa privada cruceña que hoy lidera el desarrollo de nuestro país”, señala un comunicado de la institución.

Similar criterio tuvo la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que puntualizaron que este tipo de observaciones se debe realizar por los conductos legales y operativos correspondientes con el objetivo de cuidar la salud de las empresas financieras que son un pilar fundamental en el desarrollo del país y así evitar su politización que puede ser muy negativa para la actividad económica de Santa Cruz.

Asimismo, la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y la Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales de Santa Cruz coincidieron en rechazar la desinformación que de manera irresponsable y apresurada se emite, por lo que remarcaron que no existe motivo para poner en duda la solidez de cualquier entidad financiera del país regulada por la ASFI.

El proyecto inmobiliario

El proyecto al que se refieren tanto el diputado de CC, como el legislador del MAS, es la apuesta inmobiliaria-urbanística de unas 6.000 hectáreas, denominado La Nueva Santa Cruz Inteligente que espera generar un movimiento económico de unos $us 4.500 millones, la construcción de 100.000 viviendas para beneficiar a 370.000 habilitantes, generando en el corto plazo 5.000 empleos directos y más de 10.000 indirectos. 

Sin embargo, desde Santa Cruz Financial Group de donde depende el Banco Fassil, explicaron que ellos utilizarán instrumentos financieros (depósitos, mercados de valores, fondos financieros y otros) para captar los recursos económicos que faciliten la puesta en marcha de la iniciativa.

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