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En la Asamblea Legislativa, se han propuesto al menos, tres proyectos de leyes, para poder utilizar los recursos acumulados del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las gobernaciones, municipios y universidades. Hasta ahora, ninguna de las normas ha sido aprobada. La Asamblea ve desorden y el Órgano Ejecutivo observa falta de interés.

El principal proyecto de ley (PL) que ha pasado de la cámara baja a la cámara alta sin consenso, es el PL 179/2019-2020 (Proyecto de Ley de Recuperación del 12% del IDH para las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades) que el martes, será debatido en el pleno de la Asamblea.

El proyecto, en su primera redacción, suspende temporalmente la aplicación del artículo 12 de la Ley 767 (Ley de Promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera) del 11 de diciembre de 2015, a partir de la promulgación de la presente ley hasta la finalización de la declaratoria de emergencia, considerando la producción fiscalizada del mes que corresponda, de acuerdo a normativa vigente.

Nuevo destino

La Ley 767 crea el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) confiscando el 12% de los recursos percibidos por el IDH. El PL 179, define un nuevo destino para esos recursos.

En este sentido, establece que un 50% debe ir a actividades de prevención, atención y contención del coronavirus, el equipamiento de hospitales y a la compra de pruebas rápidas.

El 25% debe ir a la provisión de alimentos a la población en el marco de los programas de seguridad alimentaria. Y el último 25%, al fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena y la paralización de actividades efectuada para disminuir la expansión de la pandemia.

Otras dos normas

El ministro de Economía, José Luis Parada, también identificó otras dos redacciones de leyes enviadas directamente a la Asamblea. “Pero que, hasta el día de hoy, le siguen dando vueltas en su aprobación, que es con lo que vamos a dar a los municipios, una mayor liquidez”, sostuvo la autoridad.

La primera es una norma referida a autorizar de manera excepcional a las entidades territoriales autónomas, el uso, en la gestión 2020, de recursos de IDH acumulados y/o percibidos, para efectuar el pago de sueldos, salarios, servicios básicos y otros gastos de funcionamiento, considerando el límite máximo de gasto establecido por la norma, para lo cual, podrán efectuar las modificaciones presupuestarias intrainstitucionales necesarias.

La otra disposición se relaciona a las universidades autónomas, donde expresa que, a efecto de mitigar, el impacto económico en la emergencia nacional declarada por el brote coronavirus, de forma excepcional, para el 2020 se autoriza a las universidades públicas utilizar el 50% de sus recursos de IDH correspondientes a saldos acumulados.

“Hemos buscado los mecanismos para que ese dinero que lo tienen en caja y banco y que no lo podían asignar porque es figura penal, mediante ley se puede liberar”, explicó el ministro Parada, señalando que la Asamblea “les da vueltas” a las leyes sin que logren ser aprobadas.

No hay orden

Para la presidenta de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Otilia Choque (MAS), los proyectos de ley que envía el Órgano Ejecutivo, no están ordenados por lo que se les exige documentación respaldatoria para poder evaluar la pertinencia de los recursos.

“Nos envían proyectos similares y de manera irresponsable. Les pedimos que se organicen para que tomemos en cuenta sus proyectos. Por ejemplo, nos envían normativas con la misma exposición de motivos. Pero uno dice que no se use el IDH y en el otro que sí se lo haga. Pónganse de acuerdo para presentar proyectos. Es una irresponsabilidad. Y no podemos aprobar proyectos sin documentación”, se quejó la diputada.