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Al menos 65.000 consumidores (45%), de los 145.000 con facturas impagas de la gestión 2019 y los meses de enero y febrero (antes de la cuarentena), según el gerente comercial de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) Javier Melgar, regularizaron sus deudas o se acogieron al plan de pago, medida dispuesta por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) que ordenó a las distribuidoras conciliar con sus usuarios el pago por el servicio.

Cabe recordar que la CRE tenía previsto iniciar el 28 de este mes el corte de servicio eléctrico a los usuarios con facturas pendientes de pago de la gestión 2019 y los meses de enero y febrero. Desde el 3 de noviembre, la medida regiría para los que tengan facturas impagas de marzo, abril, mayo y junio de la presente gestión.

Melgar refirió que la cooperativa aún no activó la medida debido a que no culminó el programa de regularización de los consumidores infractores (usuarios que están con el servicio cortado desde febrero y marzo, pero que se autoreconectaron) que se hallan dispersos en diferentes zonas de Santa Cruz. 

Una vez culminen con este proceso, dijo que se ejecutará el corte de servicio a los morosos. Recordó que las personas que deseen regularizar sus deudas o acogerse a un plan de pagos pueden hacerlo en las oficinas de la CRE que operan en las ciudadelas (Pampa de la Isla, Plan Tres Mil, Villa Primero de Mayo) y en los municipios de Cotoca, La Guardia y El Torno.  

A principios de este mes, la CRE reveló que de octubre de 2019 a febrero de este año se contabilizan 145.000 consumidores con facturas pendientes por un valor de más de Bs 250 millones. El universo de usuarios de la cooperativa es de 680.000. 

Según la Cámara Boliviana de Electricidad (CBE), las distribuidoras enfrentan problemas de iliquidez por la falta de pago de los consumidores que, en muchos casos, adeudan facturas desde principio de este año.

Desde la CBE explican que, previendo esta problemática, el sector propuso a los ministerios de Energías y de Economía constituir un fideicomiso para que las firmas de distribución eléctrica puedan acceder a recursos equivalentes a los montos de facturación que les corresponde pagar a los consumidores y que están diferidos para que estas empresas paguen por la electricidad producida y transportada. 

“El monto del fideicomiso es Bs 1.000 millones a ser devueltos en 18 mesesen la medida en que los consumidores vayan pagando sus facturas”, dieron cuenta desde la CBE.

Según la AETN, con la aplicación del Decreto 4206, el Estado cubrió Bs 521,5 millones por las facturaciones de los meses de abril, mayo y junio de este año.

El diferimiento de pagos por las transacciones de abril, mayo y junio de 2020 en el mercado eléctrico mayorista, representa Bs 955,7 millones, monto que las empresas distribuidoras deben pagar a las firmas generadoras y transmisoras hasta el 15 de noviembre de 2020, según la resolución AETN N° 232/2020.