El 61% de la tierra que falta por sanear está en conflicto por la tenencia

La pugna por la tierra cada vez se hace más visible. Los conflictos por la tenencia en los últimos dos años se han intensificado. Según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), hasta diciembre de 2022, de los 9,2 millones de hectáreas que restan por titular 5,6 millones, es decir, el 61% está en disputa.

Actualmente, el INRA lleva adelante el proceso de saneamiento de tierras. Sin embargo, ha chocado con diferentes problemas en especial en el departamento de Santa Cruz en donde se han registrado varias denuncias por avasallamientos de predios productivos.

Algunos de estos están en proceso de saneamiento, o están titulados. Incluso emergió un grupo denominado el Movimiento Sin Tierra, que habla de realizar una segunda revolución agraria.

En más de una oportunidad, incluso el director del INRA, Eulogio Núñez dijo que el Estado rechaza la toma ilegal de predios. Además, informó que hasta diciembre de 2022 en todo el país existían 208 casos de avasallamiento de tierras.

Hasta el cierre de gestión del año pasado, según la entidad estatal la titulación de tierra tenía un avance del 91%, llegando a un total de 94,1 millones de hectáreas saneadas en todo el país.

De esta cantidad, 26,7 millones corresponden a tierra fiscal y 62,9 millones de hectáreas son tierras que cuentan con título propietario.

En este contexto, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), con el apoyo de Oxfam y Pan para el Mundo (Brot für die Welt), publicaron el libro “Acceso a la Tierra y Territorio: Una Oportunidad para Reducir Desigualdades en Bolivia”.

Este documento fue elaborado por un equipo de 40 expertos que realizaron investigaciones en diversas dimensiones de la problemática agraria en Bolivia.

Lourdes Montero Justiniano, Responsable País de Oxfam Bolivia, espera que este trabajo se convierta en un recurso valioso que contribuya al diálogo público, generando nuevos debates, planteando nuevas preguntas y movilizando activamente tanto a mujeres como a hombres en la comprensión de los temas relacionados con la tierra y los territorios.

“Esto se basa en la premisa de que el acceso a la tierra representa una oportunidad crucial para reducir las desigualdades en Bolivia”, señaló. El libro se compone de 24 textos, organizados en seis capítulos, que abordan temas como la relación entre la sostenibilidad y el deterioro agroambiental, la conflictividad en torno a la tierra desde una perspectiva económica y social, el acceso de las mujeres a la tierra, las dinámicas rurales y urbanas, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las naciones originarias, así como un análisis del diseño institucional estatal.

Hallazgos

En este libro los autores destacan avances significativos en la titularidad de las tierras a favor de las mujeres y los pueblos indígenas, también identifican desafíos en relación con la población rural. Advierten que los cambios y ajustes institucionales se van produciendo de manera gradual y, a veces, con contradicciones.

Por ejemplo, señalan que los gobiernos municipales no han logrado generar experiencias significativas de desarrollo territorial y, al mismo tiempo, han obstaculizado otras formas de gobierno, como los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos.

Además, el sistema judicial presenta limitaciones importantes e impide el ejercicio de las alternativas de resolución de conflictos previstas en la ley.

Uno de los puntos de este libro aborta la conflictividad de la tierra. Lorenzo Soliz Tito, investigador que abordó este tema, explicó que la conflictividad no solo se da en el área rural sino también en las zonas urbanas.

En al área rural sostiene que el factor común es la escasez de tierra con vocación productiva. Esto ha llegado a que diferentes grupos ingresan en zonas ya tituladas y sobre todo en predios en donde aún se está realizando el proceso de saneamiento.

“La conflictividad no es nueva, siempre está relacionada con algunos recursos escasos y la tierra es un recurso cada vez más escaso, con cada vez mayor valor económico, pero también un valor sociocultural”, dijo.

Agregó que actualmente el país vive un grado mayor de conflictividad que ha llegado a la violencia, violencia física, violencia armada, incluso a la pérdida de vidas humanas. En especial en casos como la disputa de tierra con vocación agrícola o relacionada a la ampliación de su frontera.

De ese tipo de casos hay varios, el libro detalla que la Fundación Tierra detectó de principios de 2021 a marzo del 2023, siete conflictos relacionados con ampliación de la frontera agrícola en el departamento de Santa Cruz.

Por su parte, entre octubre de 2022 y marzo de 2023, la Fundación UNIR Bolivia registró 28 conflictos agrarios. Si bien esa cifra representaba entonces el 5% del total de conflictos a nivel de país, esos casos fueron detonados por invasiones o avasallamientos y por presiones para cambiar el uso del suelo, siendo el 46% de tales conflictos debido a avasallamientos en los departamentos de Santa Cruz y de Cochabamba, al igual que en el norte del departamento de La Paz.

Norma

En Bolivia la justicia castiga la toma ilegal de tierras ya sea de vocación agrícola y la ubicada en la mancha urbana. En 2013, el Gobierno del expresidente Evo Morales, promulgó la Ley N.° 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras.

Sin embargo, el libro advierte que pese al incremento de avasallamiento de tierras tituladas o fiscales y al mayor número de casos de tráfico de tierras, prácticamente no hay personas privadas de libertad.

“Esto significa que la Ley N.° 477 no es aplicada. En el último tiempo, además de los conflictos citados, otros igual o más intensos son los del sector minero, referidos a actividades ilegales por la sobreposición de títulos y de concesiones mineras para la extracción de minerales en todo el país, aunque con mayor grado en el norte del departamento de La Paz y en la Amazonía, por el oro aluvional”, afirma Soliz.

El investigador añade que los efectos de estos hechos son conocidos en los ámbitos social, cultural, sanitario y ambiental, entre otros problemas.

No obstante, sostiene que se habla muy poco de la afectación y de la pérdida de capacidad de control sobre la tierra y el territorio por parte de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas que accedieron de modo legal a ellos, o de quienes legítima y legalmente aún luchan por defender sus territorios ancestrales y por lograr su titulación.

Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) indicaron que son varios los factores que derivan en al avasallamiento de tierras, entre ellos, tráfico de información, y el hecho de que un título de propiedad firmado por el presidente tiene solo dos años de vigencia.

A esto se suman, según la entidad privada, las sentencias contradictorias del Tribunal Agroambiental y del Constitucional que califican al derecho de propiedad de la tierra, como una mera expectativa, acoso a productores de origen extranjero, además de aplicación retroactiva de la Constitución Política del Estado del año 2009.

Otro factor es la desinstitucionalización del INRA, que impide el funcionamiento de las comisiones agrarias y finalmente un proceso de reforma agraria ‘infinito’, cuyo objetivo parece ser que la tierra sea colectiva y no individual.

Usando los datos de la entidad agraria, Anapo señala que existen más de 300 procesos de personas que no están de acuerdo con los resultados del saneamiento.

“Entonces, hay un área importante que en más de 27 años de proceso de saneamiento no se ha consolidado bajo un marco de tranquilidad y conformidad”, advierte la institución.

En la presentación de este libro, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, señaló que la entidad se ha comprometido a titular hasta el 98% de la superficie rural del país hasta 2025.

“Esto implica concluir procesos de saneamiento en áreas de alta conflictividad, afectadas por intereses económicos, políticos y de grupos, donde la preservación de la institucionalidad agraria es una condición determinante para los dictámenes que el INRA emita”, señaló la autoridad agraria.

Agregó que la otra tarea pendiente es la de avanzar “en abrir la información institucional del INRA para transparentar las transacciones en el mercado de tierras y asegurar un mejor funcionamiento del mismo”. “El desafío es grande”, puntualizó.

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