El Cedib revela que la exploración afectará el 55% de reserva Tariquía
Los comunarios de Chiquiacá Norte insisten en que los obligaron a firmar a cambio de devolverles sus documentos personales. La petrolera estatal YPFB Chaco niega las denuncias e insiste en la legalidad
Las exploraciones hidrocarburíferas previstas en los bloques San Telmo, Astillero y Churumas a cargo de las petroleras Petrobras y YPFB Chaco afectarán al menos el 55% de la superficie de la reserva nacional de Flora y Fauna Tariquía, advirtió el investigador especializado, Jorge Campanini del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
“Todos los bloques y contratos afectan al 55% de la reserva, y no al 0,008% como lo señala el Gobierno (...). ¿Por qué han hecho bloques que atraviesan toda la reserva?, porque hay planes de expandir estos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos”, afirmó.
El experto detalló que 136.277 hectáreas de las 247.435 hectáreas que comprenden la reserva natural, se verán seriamente comprometidas con los proyectos hidrocarburíferos a los que el Gobierno dio el visto bueno con ayuda del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, encargada de rezonificar Tariquía de acuerdo a las proyecciones petroleras.
“Esta desesperación del Gobierno por encontrar más hidrocarburos les está llevando a tomar medidas equivocadas como cambiar el Plan de Manejo de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, el último reducto de bosque bien conservado de Bolivia”, subrayó.
"Consulta previa"
En la víspera, los comunarios de Chiquiacá, donde se localiza el proyecto exploratorio volvieron a denunciar que los obligaron a firmar en una consulta a cambio de devolverles sus documentos personales.
El hecho se registró en septiembre del 2018, organizado por el Ministerio de Hidrocarburos, sin la participación del TED.
Elizabeth Estrada, pobladora del área protegida, fue testigo de aquella presunta consulta ‘fraudulenta’ como la califican pobladores del área de influencia del proyecto exploratorio y que aparecen en la lista del documento, donde dan su consentimiento para el cuestionado proyecto exploratorio.
“No querían entregar sus carnés si no firmaban. Tenían que firmar sí o sí para la consulta. Yo, como no quería que entre la empresa no llevé mi documento y firmé por la comida, pero igual aparezco”, dijo Estrada.
Inocencio Mendoza, comunario de Chiquiacá Sur, respaldó la denuncia, al decir que funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos pidieron el primer día los carnés para la alimentación y el segundo día les dijeron que no iban a devolverles si no firmaban.
El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Gustavo Ávila, indicó que esa entidad no participó de esa consulta debido a que no hubo ninguna petición de las instituciones participantes de ese proceso.
En su criterio, para la participación de ese organismo electoral debe existir una solicitud tramitada inicialmente ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y eso nunca fue presentado.
Niegan irregularidades
El gerente general de YPFB Chaco, Eduardo Paz, insistió en que se cumplió con las normas vigentes en Bolivia, tal como establece el referido documento, pero que aún no se sabe cuándo será el ingreso al área protegida.
Para el director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Leonardo Tamburini, si eso ha sucedido hubo ‘mala fe’ por parte del Estado boliviano y se vulneró uno de los principios que sustenta los procedimientos legales para este caso. “Lo primero era concertar con la población local si desea que esa actividad se haga en su territorio, después cómo y en qué medida van a dialogar con el Estado para que les haga conocer de manera previa y amplia, cuáles serán los impactos reales de las operaciones y por cuánto tiempo”, indicó Tamburini.
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