El Estado debe $us 6.000 millones a los fondos de pensiones de las AFP

El fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado boliviano por la nacionalización de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA puso otra vez en el mira el papel del Gobierno en el sistema de pensiones.

De acuerdo con los datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), el patrimonio del Fondo de Ahorro Previsional (FAP) acumulado hasta junio de 2022 y que es administrado por AFP BBVA Previsión y AFP Futuro de Bolivia asciende a unos $us 23.000 millones. De ese monto y según la estructura de inversión de cada una de las AFP, casi un 60% de los $us 23.000 millones están invertidos en Depósitos a Plazos Fijos y en bonos de las entidades financieras, mientras que alrededor de un 30% ($us 7.000 millones), corresponden a las inversiones realizadas por el Estado, en busca de liquidez, mediante Bonos Soberanos y Cupones del Tesoro General de la Nación (TGN). 

En este contexto, el economista Alberto Bonadona, precisó que el monto de emisiones de bonos realizados por el Estado, hasta diciembre de 2021, tiene un valor cercano a los $us 6.000 millones y que corresponde a los fondos administrados por las AFP.

Aclaró que el Estado no le debe a las AFP como administradores, sino a los fondos que ellas administran y precisó que es legal que el Estado recurra a estos fondos con la condición de que emita documentos de deuda que deben establecer un plazo de devolución. 

“Estos pagos han sido honrados en las condiciones establecidas hasta la fecha y se espera que continúen de la misma forma. No es posible que el Estado utilice estos recursos sin la debida emisión de los instrumentos de deuda”, sostuvo Bonadona que hizo notar que este tipo de inversiones que realiza el Estado tienen un impacto positivo en los aportes jubilatorios siempre y cuando se realice el pago de intereses por los dineros recibidos.

A su vez, Jaime Dunn, analista financiero, coincidió con Bonadona en que a diciembre de 2021 el TGN le debe, a precios de mercado, aproximadamente $us 6.000 millones a los fondos de pensiones que administran la AFP, un monto que se ha ido acumulado durante varios años. 

“Se debe recalcar que los bonos y las letras del Tesoro se los considera de altísima calidad crediticia y también que las AFP busquen invertir en estos títulos porque el Tesoro tiene una buena calificación y además ofrece tasas de interés muy atractivas y de ahí viene la competencia con el sector privado”, detalló Dunn. 

Sobre la presencia del Estado, el economista dijo que es un tema que no se debe sobredimensionar, porque es habitual que el TGN coloque bonos y letras y que unos de los grandes compradores sean las AFP que deben invertir en el mercado de valores realizando transacciones con entidades privadas o con el TGN.

Dunn indicó que del 100% de los recursos administrados por las AFP, cerca del 30% está destinado a la inversión pública mediante bonos y cupones y que este tipo de transacciones son normales, a tiempo de hacer notar que en años pasados la presencia del Estado era de un 70% y con el tiempo fue bajando para dar más espacio a la inversión privada.

Según el analista, lo que debe preguntarse uno es qué hace el Estado con el dinero que obtiene, que por lo general se destinaba para inversión pública, pero de acuerdo con su criterio últimamente estos recursos se usan para cubrir diferentes gastos.

En este sentido, en 2021, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, denunció que el Gobierno nacional dispuso Bs 3.600 millones de la deuda que contrajo con las AFP para destinarlos al gasto corriente.

“Sabemos que el Gobierno se ha sacado más de 3.600 millones de bolivianos de nuestros ahorros de las AFP para prestárselos al Tesoro General de la Nación (TGN) para pagar sueldos, para pagar sus despilfarros, sus viajes, sus lujos a los masistas”, observó en su momento el legislador.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas remarcó que ni el Gobierno ni nadie puede usar los aportes que los trabajadores realizan a las AFP para cualquier fin ajeno a lo dispuesto en dicha norma, a tiempo de subrayar que estos recursos no se usan para cubrir ningún tipo de gasto corriente.
Sobre las inversiones realizadas por las AFP en Bonos del Tesoro, de acuerdo con datos de la APS, al 28 de febrero de 2021, de acuerdo con el Ministerio de Economía éstas llegaron a un total de $us 170 millones (Bs 1.166 millones), cifra que no alcanza a los Bs 3.600 millones señalados por el diputado Roca en su reclamo.

La Gestora y sus desafíos

Luego de ocho años, una vez constituida la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, mediante el Decreto Supremo 2248 del 14 de enero de 2015, desde el Gobierno se han puesto como fecha tope, para que la institución opere en un 100%, mayo de 2023.

Así lo confirmó Jaime Durán Chuquimia, gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que remarcó que para esa fecha la entidad estatal administrará los recursos de 3,6 millones de beneficiarios que conforman el régimen contributivo, el semicontributivo y el no contributivo, que en su conjunto corresponden al Sistema Integral de Pensionas (SIP).

Sobre la tardanza en lograr el pleno funcionamiento de la Gestora, David Villarreal, experto en seguridad social a corto y largo plazo, de la empresa Planifica Consultores, remarcó que si bien la Ley de Pensiones 065 se promulgó el 10 de diciembre de 2010, la Gestora Pública recién fue constituida en 2015. También agregó que la decisión de contratar a una empresa para el desarrollo de un software propio provocó demoras, no cumplió con el contrato establecido y en 2019 se dejó sin efecto.

“Todo este retraso y desconfianza de los aportantes, podría haber sido evitado si adquirían el software a alguna de las AFP, lo cual hubiera sido ideal logrando así una migración de los datos de manera óptima, pero sobre todo segura”, sostuvo Villarreal

Además, puntualizó que los aspectos que la Gestora debe tomar en cuenta son contar con una adecuada tecnología y personal capacitado que conozca en detalle la normativa vigente y entre los objetivos que debe cumplir la empresa estatal está mejorar las inversiones y la rentabilidad de los aportes, hacer un nuevo estudio actuarial, para tener nuevas tablas de esperanza de vida, incorporar a mayores sectores, principalmente independientes, mantener un Sistema de Pensiones sostenible y transparente, sobre todo en lo referido a las inversiones y principalmente evitar la injerencia política.

Mientras que el economista Germán Molina sostuvo que el cambio de la gestión privada en los aportes de la jubilación, inversiones de los fondos y el pago a los jubilados, a una gestión estatal no debería verse afectada y se debería mantener el sistema eficiente y eficaz de las AFP.

Molina precisó que los objetivos de la Gestora Pública no tendrían que ser diferentes a los establecidos en la Ley de Pensiones, precautelando los recursos de los aportaciones, inversiones y pago de pensiones, para no repetir los errores cometidos en otros países como Chile y la Argentina.