El fallo del Ciadi puede tener consecuencias en la calificación de riesgo de Bolivia, según analistas
El Gobierno boliviano tiene un año desde la publicación del laudo arbitral para hacer efectiva la transferencia de las acciones de la AFP Previsión a la Gestora Pública.
El fallo del tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en el proceso arbitral iniciado por el español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) contra Bolivia en 2018, puede tener un impacto en la calificación de riesgo del país y se suma a las malas señales que da el Estado boliviano a la inversión extranjera, según expertos.
La decisión de esta corte internacional “va a estar dentro de los componentes de valuación” que periódicamente hacen las calificadoras internacionales de riesgo, que estarán más atentas al cumplimiento del pago de la indemnización de $us 105 millones, afirmó el consultor internacional Jaime Dunn.
Un eventual incumplimiento del pago, apuntó, no solo mostrará a los mercados internacionales un irrespeto de Bolivia por los acuerdos y tratados internacionales, sino que puede incidir directamente en una reducción de la calificación de riesgo y abriría la posibilidad de que –a pedido de BBVA– los 163 países signatarios del Ciadi “congelen cualquier activo del Estado boliviano en el exterior”, es decir, el embargo de cuentas del Banco Central o de aviones de Boliviana de Aviación.
“Bolivia debería hacer el pago lo antes posible”, dijo Dunn. El cumplir lo antes posible con el fallo sería una señal positiva de que Bolivia, aunque no ofrece seguridad jurídica, sí respeta los tratados internacionales, agregó.
Según el laudo arbitral, el Estado boliviano tiene un año a partir de la publicación del fallo para hacer efectiva la transferencia de acciones.
La decisión de la corte del Ciadi “va a tener un impacto” en la calificación de riesgo del país. “El fallo dice que no hubo un trato equitativo y justo en la relación con la empresa”, afirmó el abogado internacionalista Sergio Alberto Fernández.
“Para el Tribunal es indiscutible el retraso injustificado de Bolivia en llevar a cabo la nacionalización del servicio de administración de pensiones. Ha pasado más de una década desde que la Constitución ordenó el traspaso del servicio a manos del Estado en febrero de 2009, y 11 años desde que se promulgó la Ley de Nacionalización en diciembre de 2010, sin que la Gestora haya entrado en operación”, cita parte del documento.
“Ese trato ha sido bastante lapidario para los intereses del banco, porque le ha causado un daño económico por años. Entonces, la señal que se da a otros inversores extranjeros es que hay aquí un caso grave de no otorgamiento de trato equitativo y justo a las empresas”, indicó Fernández.
Dunn sostuvo que el laudo arbitral “ratifica que la inseguridad jurídica en el país sigue vigente”, una falta de garantías que tiene entre sus antecedentes la denuncia del Ciadi por parte del Gobierno boliviano en 2007 y la denuncia entre 2009 y 2013 de los tratados bilaterales de inversión que suscribió Bolivia con otros 21 países.
El consultor hizo notar, además, que los más de $us 700 millones pagados por fallos adversos en procesos arbitrales contra Bolivia no son lo único que “perdió” el país por las nacionalizaciones; está también el costo de oportunidad, que es “tremendamente grande”.
Este costo, explicó, tiene relación con las inversiones que podrían haber llegado al país, pero que se desviaron a otros mercados por la falta de seguridad jurídica. En hidrocarburos, por ejemplo, la inversión extranjera descendió de $us 1.300 millones en 2014 a 300 millones en 2017, lo que dejó a Bolivia con menos recursos para la búsqueda de gas y petróleo.
En el sector eléctrico, asimismo, los $us 41 millones que recibió Rurelec por la nacionalización de sus acciones en Guaracachi los invirtió en Chile y Perú, finalizó Dunn.
