El Ministerio de Medio Ambiente planteó la abrogación de los Decretos Supremos N° 4232, N° 4238 y N° 4348, vinculados al uso los organismos genéticamente modificados.

19 de marzo de 2021, 16:36 PM
19 de marzo de 2021, 16:36 PM

Es oficial. Desde el Gobierno Central se buscará anular los decretos supremos que allanaban el camino para el uso de biotecnología en el país y que fueron promulgados durante el Gobierno de Jeanine Áñez.

 Mediante un comunicado divulgado en la página oficial de Facebook del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, esta cartera de estado informó que, “a través del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal”, sustentó “ante la Unidad de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE) la pertinencia técnica y jurídica para la abrogación de los Decretos Supremos 4232,  4238 y 4348, vinculados con los organismos genéticamente modificados”.

Esta cartera de estado también informó que en ese contexto se ha desarrollado reuniones, con la participación entre el viceministro del área, Magin Herrera López y representantes del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Decretos
El 7 de mayo de 2020, el Gobierno de Jeanine Áñez aprobó el Decreto Supremo 4232 que, "de manera excepcional, autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa".

Luego la administración de la expresidenta lanzó otros dos decretos, el 4238, que establecía los plazos para instalar el Comité Nacional de Bioseguridad y el 4348,  que facilitaba la producción de maíz genéticamente modificado, pero sin alterar la producción del grano convencional.

Fidel Flores, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) señaló que sería un retroceso anular las normas, porque impedirían al sector el uso herramientas que se están empleando en los principales países productores de alimentos.