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El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, negó que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) adquiera “poderes ilimitados” con la nueva estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas establecidas en una ley que acaba de ser aprobada.

La autoridad cuestionó a los legisladores opositores por “afirmaciones que están fuera de lugar” y aseguró que la UIF investigará a través de requerimientos remitidos al Ministerio Público. “Son los fiscales los que realizan un proceso de investigación”, apuntó.

“La UIF en ningún caso va a poder escuchar llamadas telefónicas porque no se ha modificado el Código Penal”, explicó Montenegro en una rueda de prensa, aunque el anexo de la norma aprobada establece un anexo que abre la posibilidad de interferir en las comunicaciones.  

“La norma lo que hace es darle el marco general a la UIF para la estrategia de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y de financiamiento al terrorismo, en el marco de lo que concierne a Bolivia como miembro de la Gafi (Grupo de Acción Financiara Internacional)”, dijo.

El proyecto de ley aprobado por la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) otorga a la UIF “la facultad analítica” de “elaborar la normativa que permita realizar investigaciones financieras y patrimoniales que incluya a las personas que resulten vinculadas a los sujetos” que sean sospechosos.

Con siete artículos, la ley incluye un extenso anexo de 53 páginas que proyecta “ampliar las facultades de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para realizar las pesquisas, no solamente motivadas por la existencia de un Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) o por pedido de autoridad competente”.

Según el documento, la estrategia es la base de otras leyes, como una “que faculte a la UIF de iniciar investigaciones de oficio, sin la necesidad de que exista un pedido de la autoridad competente”. “Se debe realizar una consulta de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional respecto al uso de técnicas de escucha de llamadas” en estos casos.

El senador Rodrigo Paz, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, calificó la norma de “peligrosa e inconstitucional”. El legislador por Tarija considera que esta ley concede atribuciones a las instituciones públicas de invadir la vida privada de los bolivianos

Desde el oficialismo, el también senador y dirigente cocalero del Chapare, Leonardo Loza (MAS), respondió que la norma es para quienes están fuera de la ley. “Ellos deberían estar preocupados”, afirmó. “Aquella persona que honestamente labra la tierra y trabaja con el sudor de la frente no tiene que preocuparse”, añadió.

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