El Gobierno dice tener cinco 'candados' que garantizan la seguridad de los fondos del Sistema de Pensiones
Los trabajadores dudan del manejo estatal de sus aportes. La administración del presidente, Luis Arce Catacora, afirma que los recursos son autónomos y no se usarán para otro fin que no sea el pago de las jubilaciones
Son cinco los candados legales establecidos en las normas nacionales que protegen los recursos de los aportantes al Sistema Integral de Pensiones (SIP) informó este viernes la Gestora de Pública de Seguridad Social de Largo Plazo. La entidad estatal hace notar esta protección luego de que varios sectores exigieran ser parte del directorio de ese ente público al considerar que el Gobierno hará una mala administración del fondo del Sistema Integral de Pensiones (SIP).
Mediante una nota divulgada por la agencia ABI, la Gestora dijo que el primer candado establece que los aportes son patrimonios autónomos y que el único destino de los recursos es la inversión para generar rendimientos; y posteriormente, financiar la pensión de jubilación.
Hasta julio de este año, según la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) los recursos del SIP llegaron a los $us 23.401 millones. Actualmente, estos recursos son manejados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que terminarán de traspasar los datos a la Gestora Pública hasta mayo de 2023.
El segundo candado legal implica que los aportes de los trabajadores están fiscalizados de forma permanente por la APS.
La tercera barrera de seguridad, significa que los aportes están sujetos a control social, apertura y transparencia hacia las rendiciones públicas de cuentas.
El cuarto establece que los recursos son controlados por el jubilado, como asegurado. Únicamente el beneficiario puede acceder a sus recursos cuando tramite su pensión de jubilación.
El quinto candado refiere que los aportes son sometidos a una auditoría externa, además de auditorías de manejo contable por entidades privadas independientes que deben ser presentadas a la Presidencia del Estado, a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a la Contraloría General del Estado (CGE) y deben ser publicadas a través de todos los medios de difusión.
La Gestora Pública inició el registro de nuevos asegurados y empleadores en el SIP el 9 de septiembre del presente año y desde esa fecha hasta el 30 de ese mes reportó 1.684 registros concretados.
Para mayor información están habilitadas la página digital www.gestora.bo, la línea gratuita 800101610, el número de WhatsApp 67195524 o cualquiera de las 31 oficinas instaladas en todo el país.
En declaraciones anteriores, el gerente de la Gestora, Jaime Durán, aseguró que “con esta entidad los aportes para la jubilación están más seguros que con una empresa privada”, por los diferentes controles de regulación y fiscalización.
No obstante, sectores como el minero, fabril y maestros cuestionan el manejo del Gobierno. Temen que estos recursos sean usados para cubrir los gastos que tiene el Estado. En ese sentido, pidieron ser parte del directorio de la entidad estatal para fiscalizar.
