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Por Wálter Vásquez

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la principal fuente de financiamiento para el pago de la Renta Dignidad, mantiene desde 2015 una tendencia a la baja, debido, principalmente, a la menor producción y exportación de gas natural, según analistas.

Tras haber alcanzado un pico de Bs 15.602 millones en 2014, las recaudaciones por el impuesto que se aplica a la producción de hidrocarburos en boca de pozo comenzaron a caer hasta llegar a 2020 a Bs 5.762 millones. Ya en el primer semestre de 2021, lo recolectado por ese tributo sumó Bs 2.489 millones, 28% menos que en similar periodo de 2020 (3.463 millones).

El detalle del IDH no figura en la Rendición Pública de Cuentas Final 2021, con datos de cierre de gestión, ni en la Inicial 2022, con datos a abril de este año, del Servicio de Impuestos Nacionales.

Estos ingresos (el 30% de ellos) son esenciales para alimentar el Fondo de Renta Universal de Vejez (FRUV), con el que se paga la Renta Dignidad. Otras fuentes de financiamiento son recursos de gobernaciones, municipios, Fondo Indígena, Tesoro General de la Nación y de las empresas públicas.

En este marco, el Gobierno aprobó esta semana el Decreto 4716, que autoriza la transferencia al FRUV de parte de las utilidades por actividades de administración que genere la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, empresa estatal que comenzará sus operaciones en el último trimestre de este 2022.

En conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, confirmó hoy viernes que la Gestora iniciará operaciones parciales en septiembre de este año y que se hará cargo de todo el sistema de pensiones en mayo de 2023.

Se está avanzando de manera adecuada con el tema del software y toda la implementación que significa esta adecuación para la incorporación de estos nuevos beneficiarios”, indicó.

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