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Dos parejas bailan una cueca cochabambina, mientras distintos representantes de los sectores sociales afines al MAS esperan sentados en sillas blancas de plástico la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Tal informe se brindó en las dependencias de la Cámara de Exportadores de Cochabamba.

En la rendición se detalló que de los 27,7 millones de hectáreas (ha) que corresponden a tierras fiscales, 23,1 millones de ha corresponden a reservas forestales y proyectos estratégicos y que, en palabras de Edna Rivas, directora Nacional de Planificación del INRA, son tierras que no se pueden dotar, mientras que de los restantes 4,6 millones de ha que sí se pueden distribuir, a septiembre de 2019, cuatro millones ya fueron dotadas y tituladas y 525.000 hectáreas aún se encuentran en proceso de titulación.

Según el INRA, en el periodo 1996-2005 se habrían dotado 38.501 hectáreas correspondiente a tierras fiscales y que, desde 2006, el proceso de dotación de áreas fiscales se aceleró.

Rivas explicó que la actual política de dotación y titulación de las tierras es la de recuperar las que son fiscales y redistribuirlas a la comunidades y productores que las necesiten, con el objetivo de cambiar la estructura de la tenencia de la tierra, que -según los datos brindados hasta antes de la gestión del presidente Juan Evo Morales- un 30% estaba en manos de los pequeños y medianos productores, mientras que el restante 70% correspondía a medianos y grandes empresarios.

“Eso ha cambiado por lo que ahora el 14% de las tierras saneadas y tituladas está en manos de los grandes empresarios, un 27% en manos de campesinos e interculturales y el 28% en las de Territorios Comunitarios de Origen (TCO). Un proceso que aún continúa”, explicó Rivas.

Al respecto, José Luis Santistevan, abogado constitucionalista y experto en el tema tierras, sostuvo que la dotación y titulación de los cuatro millones de hectáreas que realizó el INRA no respetó la ley.

El primer aspecto que observa Santistevan está referido a que no se cumplió con lo que indica el artículo 298 de la Constitución Política del Estado, que en parágrafo dos, numeral 38 indica que una nueva ley de tierras debe delegar a las autoridades autónomas (Gobernación, municipios e indígenas) el tema de la distribución de las tierras fiscales.

El no cumplimiento del artículo 298, según el especialista, generó una distribución discrecional de los terrenos fiscales generando indicios de corrupción.

“Todos los problemas que hay en la Chiquitania son el resultado de una distribución política en la que se benefició en gran medida a los seguidores del MAS, provocando el ingreso a zonas protegidas”, sostuvo el experto.

Sobre el tema, Roberto Polo, director Nacional del INRA, indicó que lo que se busca es que los beneficiarios cuenten con el derecho propietario para dedicarse a la producción, ya que, a su criterio, este es uno de los pilares que va creciendo para la sostenibilidad del país en un futuro.

En cuanto a los asentamientos en la Chiquitania, Polo aclaró que estos son legales y que los mismos cuentan con resoluciones. La autoridad remarcó que en los asentamientos ilegales detectados en Santa Cruz se procedió al desalojo correspondiente conforme a derecho.

Explicó que el plan de asentamiento contempla un ordenamiento jurídico debido a que existen procedimientos, requisitos que se deben cumplir antes de asentarse; por ejemplo, que el beneficiario no tiene que tener tierra en ninguna parte del país, debe dedicarse a la agricultura y las zonas que van ser sujetas a asentamientos deben ser áreas disponibles, a tiempo de subrayar que no existen asentamientos ilegales en tierras fiscales dotadas por el INRA.

Fernando Asturizaga, exviceministro de Tierras, observó que la rendición de cuentas del INRA se haya realizado entre cuatro paredes y no se haya invitado a la Comisión Agraria Nacional y a las departamentales para que estas conozcan la información y la validen.

“Sabemos que hay un avance de un 85%, pero en el tema de las tierras fiscales no nos informan en detalle dónde se dotó, qué vocación productiva tiene el lugar y cuáles fueron los criterios de distribución que se usaron”, señaló Asturizaga.

El alcance del saneamiento

Durante su intervención Rivas explicó que el país tiene una superficie de 109,8 millones de ha y que, descontando las manchas urbanas, ríos y lagos que suman 6,4 millones de ha. La superficie a sanear es de 103,4 millones de ha, de las cuales, al tercer trimestre de esta gestión, 87,6 millones fueron saneadas y tituladas, lo que representa un avance de un 85%.

“Quedan por sanear 15,7 millones de hectáreas, lo que significa un 15%. De las cuales más de 5 millones están en proceso, cerca de 2 millones de hectáreas se deben mensurar y 8,7 millones están paralizadas por conflictos”, detalló Rivas.

Sobre el alcance del proceso de saneamiento, Polo indicó que este es resultado del compromiso que tiene la entidad con la población boliviana, con las organizaciones sociales y con los distintos beneficiarios; y que el 85% de área saneada es resultado del trabajo de las direcciones departamentales.

Rivas hizo notar que antes de la gestión de Morales el número de títulos emitidos era de no más de 26.147, pero que, desde 2006 hasta la fecha, el mismo fue de 1,2 millones, lo que benefició a unas 2,5 millones de personas.

Los recursos utilizados

En cuanto al dinero destinado para llevar adelante su trabajo, Rivas sostuvo que, para esta gestión se recurrió a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un valor de Bs 124 millones, de los cuales a septiembre de 2019 se ejecutaron Bs 52 millones, mientras que la otra fuente de ingresos proviene de los certificados catastrales que emite la institución, que generó Bs 68 millones, de los cuales se ejecutaron Bs 39 millones.

Dichos recursos están destinados a cumplir con uno de los objetivos principales que se trazó la institución, que es el de emitir hasta fin de año 350.000 títulos ejecutoriales, algo que para la autoridad es histórico, pues desde 2006 nunca se llegó a esa cifra; siendo 2016, con 150.000 títulos ejecutoriales la gestión de mayor logro.

Otro aspecto que se destacó en la rendición de cuentas fue el acceso de la mujer a la tenencia de la tierra, que en el periodo 1953-1992 era del 10% (74.274 beneficiarias) y los varones del 90% (681.584 beneficiarios), mientras que en el periodo 1996-2019 las mujeres accedieron al derecho propietario en un 45% (1,1 millones de beneficiarias) y los varones en un 53% (1,3 millones de beneficiarios).