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Ni sí, ni no, esa es la postura del Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre el uso de la biotecnología. Por un lado, el partido considera ilegal el Decreto Supremo 4232, que autoriza un proceso abreviado para aprobar el uso de estas herramientas; sin embargo, no se cierra a la idea de su uso para poder incrementar la producción agrícola, algo que está plasmado en su plan de Gobierno.

Cabe recordar que en mayo de este año, la presidenta Jeanine Áñez lanzó esta norma que instruye al Comité Nacional de Bioseguridad usar procesos simplificados para la evaluación de las semillas transgénicas en el país.

Este hecho generó posturas a favor y en contra. Por un lado, los productores festejaron: la medida permitirá la producción de semillas genéticamente modificadas. Pero por otro algunos activistas rechazaron la norma.

Incluso el presidente electo, Luis Arce Cataroca, se mostró contrario a la norma. Una vez promulgado este decreto, el próximo jefe de Estado exigió “la abrogación inmediata del Decreto Supremo 4232 porque es ilegal”, además que “atenta contra la soberanía alimentaria, el patrimonio genético de Bolivia, la biodiversidad, los sistemas de vida y la salud de todos los bolivianos”.

Situación

Sin embargo, Édgar Montaño, diputado por el MAS, y vocero del partido oficialista en Santa Cruz, sostuvo que fue el Gobierno de Evo Morales el que apoyó el uso de estas herramientas en cultivos como la soya.

Dejó en claro que la principal propuesta del nuevo Gobierno es ampliar la producción agrícola, pero recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece mecanismos para su aprobación.

En ese sentido, consideró ilegal que se quiera viabilizar el uso de estas semillas mediante decreto, sin haber cumplido los requerimientos exigidos por la CPE.

Incluso dijo que se avanzó en una ley para el etiquetado de productos genéticamente modificados. “No vamos a desechar el tema, pero todos los actores se tienen que sentar y ponerse de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo con el decreto supremo, que no tiene validez”, sostuvo.

Dijo que será el nuevo Gobierno y legisladores los que deban definir el uso de los transgénicos.

“Nuestro plan es mejorar la producción e impulsar el agro, y no vamos a retroceder”, dijo.

La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, señaló al periódico estatal Bolivia, que el nuevo Gobierno -que asumirá el 8 de noviembre- debería entender que es necesario el uso de la biotecnología para fortalecer la seguridad alimentaria en el país y garantizar el pan en las mesas de las familias bolivianas.

La autoridad consideró que el actual Gobierno cumplió con la demanda del sector agroproductivo al aprobar normas para el estudio que permita la aplicación de la biotecnología como una importante herramienta que mejore la competitividad del sector y la producción de más volumen de alimentos en menos cantidad de superficie de tierra.

Desde el sector productivo algunas fuentes consultadas indicaron que esperan que el nuevo Gobierno no ponga en foja cero todo lo avanzado y que se abra al uso de este tipo de herramientas.

Los productores, según las fuentes consultadas, indicaron que tienen la esperanza de que la nueva administración asuma una postura sobre el tema. Según datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, desde 2006 hasta 2018, Bolivia importó más de 340.000 toneladas de maíz transgénico por un valor de $us 60 millones.