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Santa Cruz nuevamente se convirtió en el blanco de ataques por parte de sectores afines al Gobierno. Duros fueron los comentarios que lanzó el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, a la región e incluso amenazó con ‘nacionalizar’ las industrias cruceñas. En este contexto, los empresarios a escala nacional y analistas cuestionaron el exabrupto del dirigente. Los especialistas recordaron que la región sostiene el crecimiento nacional porque crece hasta al doble que el resto del país.

Con cifras en mano, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, sostuvo que antes de la pandemia el crecimiento de Santa Cruz se posicionó por delante del nacional.

Precisó que en 2019 el crecimiento del país, en un contexto de crisis política por las fallidas elecciones de octubre de ese año, llegó a 2,2%. No obstante, la tasa del Producto Interno Bruto (PIB) de Santa Cruz llegó a 4,4%, resaltó Rodríguez.

Otra de las cifras que mencionó el especialista es que Santa Cruz produce el 78% de los alimentos que se consumen en Bolivia. Destacó que la región aporta más del 30% del PIB nacional.

Incluso, Rodríguez dijo que en época de crisis la caída de la región fue menor al resto del país. Precisó que en el 2020 la economía cayó en -8%, mientras que la región registró una caída de solo -4%.

Una mirada similar dio Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia. Cuestionó el pedido de nacionalización de Huarachi y aseguró que sus palabras demuestran un total desconocimiento sobre la realidad de la región.

“Qué van a nacionalizar, si las empresas cruceñas son nacionales, o acaso los cruceños no somos bolivianos, quizás querrán expropiar y estatizar las empresas”, dijo.

Ayer la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) repudió las amenazas contra la propiedad de las empresas que operan en Santa Cruz, expresadas por Huarachi.

La entidad dijo que la sociedad precisa de la atención urgente a sus necesidades de salud, empleo, mejores ingresos y estabilidad, los discursos de confrontación ponen en riesgo derechos fundamentales como la seguridad jurídica, con las advertencias sobre temas tan delicados como la afectación de la propiedad y la libre iniciativa.

“Los bolivianos necesitamos construir, concertación y unidad y no polarización ni distanciamiento”, indicaron desde la entidad empresarial.

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