El Santafecino dice que completó la fábrica de alimentos, obra que, según el Gobierno, limita el despegue de la iniciativa. Un senador califica el proyecto de ‘elefante blanco’

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6 de septiembre de 2019, 4:00 AM
6 de septiembre de 2019, 4:00 AM

El retraso de operación del centro de confinamiento de ganado bovino El Tinto, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, continúa dando qué hablar. Esta vez, Scarlett Ortiz, propietaria de El Santafecino Importaciones y Servicios –empresa que se adjudicó la implementación de la planta procesadora de alimento balanceado para dicho proyecto estatal-, salió al paso para desmentir la versión del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario en sentido de que el proyecto no despega por incumplimiento de plazos establecidos en la entrega de dicha obra.

El montaje de la fábrica -incluida en la tercera fase del proyecto-, según dicho viceministerio, a la fecha registra un avance físico del 88%. Afirma que la empresa contratada incumplió con los

plazos establecidos y se rescindió el contrato, aplicando las multas correspondientes. El funcionamiento condiciona la operación del centro pecuario estatal.

Al respecto, Ortiz aludió que las obras incluidas en el contrato del proyecto, ubicado en El Tinto, población del municipio de Pailón, a 180 kilómetros al este de Santa Cruz, fueron concluidos en 100% y que cuenta con el acta que respalda la recepción provisional.

Ortiz acusó a un grupo de funcionarios del Estado de retardar la entrega de la planta para revertir el dinero y adjudicarla, a cambio de coimas y por invitación directa, a empresas de su entorno.

Denunció que la obligaron, con chantajes, a firmar ítems de obras extras, fuera de contrato, que no fueron canceladas. Habla de que de los Bs 6.257.383 del contrato de montaje de la planta de alimento aún le deben Bs 2.549.164 y de las obras extras $us 149.000. Sin embargo, desde el Gobierno negaron que tengan cuentas pendientes con la firma proveedora, pero no contestaron sobre las acusaciones de supuesto chantaje.

Con respecto al sabotaje, Ortiz dijo que este extremo fue verificado en una inspección que tuvo lugar en el predio, a cargo de la Fiscalía. “Han arrancado el sistema eléctrico, quitado las poleas de los motores y sacado el swift electrónico de la tolva balanza”, precisó.

Desde la Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (Ipdsa) afirmaron que de acuerdo con un informe de la supervisión El Santafecino entra en mora por incumplimiento de contrato en los plazos establecidos, a tal efecto se procede a realizar la resolución de su contrato, según normativa vigente.

Aclaran que las obras se encuentran plasmadas en las especificaciones técnicas del proyecto y la propuesta adjudicada, y que están en los documentos del contrato suscrito. “En ningún momento se exigió ejecución de actividades fuera de contrato”, manifiestan.

Mirada opositora

Hace dos semanas, en un acto de fiscalización al centro, el senador de Unidad Demócrata, Carlos Pablo Klinsky, cuestionó la postergación del proyecto que, a tres años de su entrega, no ha engordado ni una res y presenta signos de deterioro, tanto en sus instalaciones como en la maquinaria que alberga.

En base a la revisión del contrato, Klinsky mencionó que la orden de proceder para la construcción de la fábrica se hizo efectiva el 6 de diciembre de 2017. El 15 de enero de 2018 se amplió el plazo mediante una modificación del contrato y se puso como fecha final de entrega el 23 de octubre de 2018, pero la planta a la fecha no se encuentra concluida.

“El Gobierno no tiene la capacidad de llevar adelante proyectos productivos, porque lo que le interesa es la construcción de ‘elefantes blancos’ mediante adjudicación directa, por la corrupción y sobreprecios que ello implica”, apuntó el parlamentario.

Investigación en curso

La fiscal Rose Marie Barrientos informó que ha sido designada para indagar presuntos actos irregulares en el caso El Tinto. Refirió que la investigación hace referencia a que el Ipdsa facilitó recursos económicos para la construcción de una planta para procesar alimento balanceado y que esa obra ya fue ejecutada por una empresa privada. “La razón del por qué no funciona es el foco de la investigación”, indicó.

La fiscal afirmó que hay dos versiones, el descargo de la empresa El Santafecino que asegura que la entidad pública le exigió más ítems de lo acordado en el contrato -las obras fueron financiadas por ellos- y que la planta no fue entregada porque cuando tocó hacer la prueba la institución pública no facilitó el grano para cumplir con ese cometido.

Dijo que dos ingenieros de la estatal declararon que se abonó el 80% de la obra, pero que no fue entregada funcionando.