El sector privado considera que los costos pueden subir y se puede generar una inseguridad jurídica

7 de diciembre de 2020, 9:56 AM
7 de diciembre de 2020, 9:56 AM

El empresariado de Tarija y Chuquisaca advierte que será un retroceso si el Servicio Público de Registro de Comercio pasa a control del Gobierno central después que anuló la ampliación por 15 años del contrato de concesión otorgada a Fundempresa.

Hace un par de días se abrogó el Decreto Supremo 4356, de 29 de septiembre de 2020, que estaba vigente.

La presidenta de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (Fepch), Teresa Dalenz, dijo a EL DEBER que si el Gobierno toma el control del registro habrá un gran retroceso porque existe temor de que será más burocrático el trámite y se elevarán los costos.

“Si es así, va a ser un perjuicio y no un avance. Consideramos que se debe mantener el Servicio de Registro de Comercio bajo una alianza público-privado con buen resultado”, afirmó.

Para el vicepresidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Daniel Beccar, si el Estado es juez y parte, ninguna empresa se animará a invertir y empujará a la informalidad y a no tributar.

Beccar agregó que con esto se tendrá inseguridad jurídica en lugar de generar oportunidades para el sector privado en el país.

“Esperamos que se reconsidere. Si el Gobierno busca controlar aún más la iniciativa privada, será para exprimirla más y así poder sustentar tantos bonos, dádivas y corrupción galopante que sufre el país”, sostuvo el empresario.

El Gobierno de Luis Arce aprobó el Decreto Supremo 4407 para anular la norma de ampliación del registro de comercio a Fundempresa, aprobada el 6 de octubre pasado, por el lapso de 15 años.