Los empresarios se reúnen en Santa Cruz de la Sierra para debatir las consecuencias de la actividad ilegal, que está asociada al crimen organizado

2 de julio de 2024, 13:42 PM
2 de julio de 2024, 13:42 PM

Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), expresó su preocupación por cómo el contrabando asfixia a las industrias locales y afecta al país. Sostuvo que la actividad ilegal representa un 8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Camacho realizó este análisis en el marco del noveno Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), que se desarrolla en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Participan representantes de gremios empresariales y gubernamentales de 14 países.

Una amenaza económica y social

Camacho señaló que el contrabando no solo perjudica a las grandes industrias, sino también a las pequeñas y medianas empresas.

“El contrabando está asfixiando a la gran, pequeña y mediana industria. Aquí hay que ser muy claros y debemos hablar ya de contrabando y crimen organizado. Hoy el contrabando permite el lavado de dinero, narcotráfico y trata de personas”, afirmó Camacho.

Dijo que los productos que ingresan de manera ilegal deberían ser exportados formalmente para generar las divisas que Bolivia tanto necesita. 

Añadió que el impacto económico del contrabando es significativo, afectando a aproximadamente 600.000 empleos. “Esta situación demanda una acción decidida para combatir esta práctica ilícita y proteger la economía nacional”.

En promedio, según Camacho,  el contrabando, fácilmente genera una afectación a la economía por un monto  de $us 3.300 millones al año, lo que equivale a un 8% del PIB.

Propuestas

Camacho sostuvo que la Cámara Nacional de Industria ha presentado propuestas a la Asamblea Legislativa con el fin de endurecer las penalizaciones contra el contrabando.

Actualmente, la penalización aplica a mercancías valoradas en 200 mil UFVs, lo que equivale a medio millón de bolivianos. Sin embargo, los contrabandistas fraccionan su mercancía para evitar ser imputados, ya que no alcanzan ese monto.

En este contexto, el industrial dijo que se ha solicitado reducir este umbral a 10.000 o 20.000 UFVs para asegurar que los contrabandistas sean penalizados. Además, se ha propuesto la incorporación de los gobiernos municipales en la lucha contra el contrabando. 

“Una vez que el contrabando pasa la frontera, no hay ente que tenga la competencia. Hemos presentado también una propuesta a la Asamblea para que se modifique y queden claras las competencias”, indicó.

Otro punto propuesto por el sector es una mayor participación de los controles contra el contrabando, a los gobiernos municipales.

“Una vez que el contrabando pasa la frontera, no hay ente que tenga competencia. Pese a que está dentro de las competencias de los gobiernos municipales, estos alegan que la norma no es clara en su redacción. Hemos presentado también una propuesta a la Asamblea para que se modifique y queden claras las competencias”, dijo.

Añadió que el 50% de los recursos obtenidos del decomiso de productos de contrabando podrían beneficiar a los municipios. Esta medida busca dotar de recursos a los municipios para que puedan desempeñar un papel más activo en la lucha contra el contrabando.