La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió este martes acuerdos políticos, estabilidad institucional y medidas estructurales para enfrentar la crisis económica y social que atraviesa Bolivia, en medio de un escenario marcado por la escasez de divisas, conflictos sociales y desaceleración de sectores productivos.
En un pronunciamiento difundido al cumplirse seis meses de gestión del nuevo Gobierno, la entidad empresarial reconoció avances en algunos indicadores macroeconómicos, como la estabilidad cambiaria, la desaceleración de la inflación, la recuperación parcial de reservas internacionales y la reducción del riesgo país.
No obstante, el empresariado sostuvo que persisten problemas estructurales que mantienen bajo presión a la economía boliviana, entre ellos la falta de dólares, dificultades en el abastecimiento de combustibles, baja inversión, elevado gasto público y el riesgo de una crisis energética por la caída de reservas hidrocarburíferas.
“El país requiere con urgencia acuerdos políticos, institucionalidad y resultados para superar la crisis”, señaló la CEPB en el documento.
La organización advirtió que el sector privado atraviesa una de las etapas “más complejas” de los últimos años debido a la combinación de escasez de divisas, caída de la demanda interna, incremento de costos operativos, bloqueos e incertidumbre normativa, factores que golpean especialmente al comercio, la industria, la construcción, el transporte y las pequeñas y medianas empresas.
El pronunciamiento también alertó sobre el deterioro de las condiciones de vida de la población por el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización económica, especialmente entre los sectores de menores ingresos.
En el plano político, la CEPB expresó preocupación por el aumento de la conflictividad social y acusó a algunos actores de promover escenarios de confrontación mediante bloqueos, amenazas y discursos radicales que afectan la recuperación económica y la convivencia democrática.
Asimismo, cuestionó la paralización o anulación de normas aprobadas conforme a procedimientos constitucionales y advirtió que este tipo de hechos debilitan la seguridad jurídica y afectan la confianza de inversionistas.
La entidad empresarial también criticó la falta de consensos en la Asamblea Legislativa para aprobar leyes relacionadas con inversión, financiamiento externo, energía y reactivación productiva.
Frente a este escenario, la CEPB propuso la elaboración de un plan nacional de emergencia económica y la creación de un espacio permanente de diálogo técnico y político entre el sector público, empresarios y organizaciones sociales.
Entre las medidas planteadas figuran además debates estructurales sobre política laboral, recursos naturales, justicia y modernización del Estado, así como la aprobación de normas vinculadas a inversión, hidrocarburos, minería, litio y energía.
La organización empresarial también pidió fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado, además de promover mecanismos de mediación para reducir la conflictividad social. En ese marco, consideró pertinente la participación de instituciones nacionales como la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, así como organismos internacionales como la oficina de Naciones Unidas en el país.
“Bolivia necesita acuerdos, certidumbre, responsabilidad y visión de futuro. Solo mediante el diálogo, el respeto a la ley y el trabajo conjunto será posible superar la crisis”, concluyó la CEPB.