La COB plantea un 7% al salario básico nacional y un 10% al mínimo nacional. Empleadores advierten que podría provocar el cierre de unidades productivas que ahora apenas sobreviven

29 de marzo de 2022, 4:00 AM
29 de marzo de 2022, 4:00 AM


En criterio del presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Ibo Blazicevic, un incremento salarial al haber básico o al salario mínimo nacional profundizará la recesión que aún experimenta el sector productivo en Bolivia. “Para evitarlo debe congelarse el ajuste salarial este año”, propuso.
Las microempresas coinciden con la industria. “Los términos de ajuste salarial que plantea la Central Obrera Boliviana (COB) -un 7% al salario básico nacional y un 10% al mínimo nacional- no acompaña el plan de reactivación económica y productiva del país. Las micros y pequeñas empresas recién están iniciando este proceso que amerita un empuje de los trabajadores, ahora más que nunca para tener un futuro laboral estable”. Así, el secretario de Relaciones de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Juan Carlos Vargas, reparó en la exigencia de la dirigencia cobista.

Considera que el pedido pone en riesgo y genera incertidumbre sobre la estabilidad laboral de los trabajadores. “Si a la subida de precios internacionales de las materias primas e insumos, le sumamos el aumento salarial, incrementará el costo de producción y nos hace menos competitivos”, dijo Vargas.
Días atrás, tras una reunión con el presidente Luis Arce, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, refirió que en el pliego sectorial se planteó un incremento del 7% al salario básico nacional y un 10% al salario mínimo nacional. 

“Es un pliego petitorio que va a ser analizado, evaluado por las diferentes instancias del Gobierno con responsabilidad. Sabemos que hay muchas necesidades y demandas, vamos a operar en las comisiones que ha mencionado el compañero Juan Carlos Huarachi. Las comisiones se van a poner en funcionamiento para poder atender y responder, desde el Gobierno, el pliego petitorio”, dijo Arce.
En abril de 2021, el Gobierno y la COB acordaron un incremento del 2% al salario mínimo nacional y no hubo aumento al salario básico. Actualmente, el salario mínimo nacional alcanza los Bs 2.164.

Pedido alejado de la realidad

El presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, dijo que el sector aún no salió de la crisis económica que generó la pandemia del covid-19 y su efecto sobre el incremento del contrabando y la informalidad y ahora el impacto de la escalada de precios de las materias primas, insumos, bienes intermedios y de capital y derivados de los hidrocarburos generado por la invasión de Rusia a Ucrania.
A decir de Blazicevic, un incremento salarial generará mayor recesión en la industria y en el conjunto de los sectores económicos del país, lo cual se reflejará en el incremento del desempleo formal y productivo; el impulso al mercado laboral informal sin beneficios sociales de corto y largo plazo; el incremento de la brecha de competitividad de la producción nacional frente a terceros países, y la desmotivación y paralización de las inversiones privadas.
“Un incremento salarial va en contraflecha a la política de sustitución de importaciones que pregona el Gobierno”, dijo Blazicevic.

Estudios realizados por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) -durante y después de la pandemia- revelan, según el presidente Luis Barbery, que el 85% de las empresas del país fueron afectadas en diferentes grados como resultado directo del confinamiento, la cuarentena y la parálisis de la economía.
Anotó que algunas no sobrevivieron y las que quedan perdieron ingresos, liquidez, mercados, ahorros y dinamismo, pero mantuvieron gastos de sueldos, créditos y alquileres. “Tras la pandemia vino el aumento del contrabando y la informalidad, y ahora los efectos de la guerra en Eurasia, que trae incertidumbre sobre el futuro”, expresó Barbery. 

Hizo notar que una mayor presión salarial sobre las compañías que generan empleo y aportan al erario público, puede tener consecuencias graves en toda la economía que ha empezado a dar señales de recuperación, pero que aún es insuficiente y desigual.
Su par de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Jean Pierre Antelo, considera que las cifras presentadas en el pliego petitorio están alejadas de la realidad económica de las familias bolivianas, de las empresas y del contexto mundial que se vive.

Aduce que la incertidumbre y las medidas restrictivas a la inversión privada frenan la recuperación económica del país. A escala global, explicó que se está viviendo el alza de los precios de las materias primas, interrupción de las cadenas logísticas, desabastecimiento de los mercados y un brote inflacionario post covid-19. “Localmente, enfrentando los embates del contrabando, la burocracia, restricciones innecesarias a la exportación y mayor presión fiscal al principal motor del empleo formal del país”, argumentó Antelo, al inferir que bajo este escenario se castiga la iniciativa privada y se pone en riesgo el actual y futuro empleo formal. 

Riesgo de cierre de empresas

Para el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, un incremento salarial en circunstancias en que apenas empieza la recuperación económica, tras la presencia devastadora de la pandemia del Covid-19, que generó una recesión a escala mundial y nacional, podría no solo frenar el lento avance alcanzado, sino provocar el cierre de empresas que apenas sobreviven.
A su criterio, para la micro y pequeña empresa (mypes) un aumento salarial provocará el cierre de empresas y despidos de sus trabajadores, quienes se verían obligados a pasar a la informalidad.

“El futuro de las empresas legales, que sobreviven a la pandemia y la crisis económica generada por este mal, están en riesgo y realizar un incremento salarial que solo beneficiará a no más del 20% de la fuerza laboral del país, ahondará la crisis en la que nos encontramos”, puntualizó el ejecutivo de la CNC.
Con estimaciones del sector privado, según Jáuregui, por cada punto de aumento al salario mínimo nacional se pierden 10.000 empleos formales. De acuerdo con datos oficiales, entre 2005 y 2020 el salario mínimo nacional casi se quintuplicó, pasando de Bs 440 a 2.164 y el salario básico se duplicó. 

Desde el punto de vista del gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, el incremento salarial afectaría al sector que hace grandes esfuerzos por reactivarse y mantener las fuentes de empleo. Aun así, por la crisis que generó la pandemia, dijo que algunas empresas constructoras tuvieron que cerrar sus puertas y otras reducir sus planillas. “Un aumento en los salarios afectaría al empleo formal y estable, en una coyuntura en la que todavía no se recupera el nivel de empleo previo a la pandemia”, refirió.

Recuperación lenta y difícil

Pensar en un incremento salarial en la realidad económica actual, a deducir por el gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, sería desacertado e irresponsable. “El sector privado, y la economía en su conjunto, están tratando de salir adelante luego de dos años de pandemia, con una recuperación muy lenta y dificultosa. Lo que se requiere son medidas de aliento, no que induzcan una desaceleración”, subrayó.
El sector exportador del país espera que el Gobierno propicie un diálogo con empleadores y trabajadores y que, fruto de dicha interrelación, se propongan medidas que aporten mayor estabilidad y resiliencia para la economía nacional en el mediano plazo. 

Desde Santa Cruz, en opinión del gerente general de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Martín Salces, el tejido empresarial exportador no está en condiciones de atender las demandas de la COB. “Comprendemos que los trabajadores tienen el derecho de tener mejores condiciones, pero las demandas planteadas están fuera del contexto económico que vive el país.
Arguyó que existen otros factores que dificultan y limitan la actividad empresarial sectorial, una logística de fletes altos, paro constante de la carga de exportación por bloqueos y problemas en los pasos de frontera, trámites de exportación demasiado complicados, procesos de devolución impositiva con excesiva lentitud, el contrabando que afecta las ventas en el mercado local, el estancamiento del tipo de cambio y las restricciones que significa la definición de franjas de precios, entre otros más.

La Cadex propone una alianza público-privada para tener más exportaciones, más inversiones y así posibilitar más y mejor empleo formal, que aporten no solo a la recuperación sino al crecimiento y desarrollo del país. 

Medidas que empujan al vacío

En el caso de los productores, a los temas económicos, según el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, se suman clima desfavorable, contrabando, bloqueos, escasez de insumos básicos (maíz), falta de tecnología y biotecnología, entre otros temas. “Esto configura un escenario poco propicio para plantear mejoras salariales. Las demandas puede que sean justas, pero la realidad es que cada una de estas medidas empujan al vacío a los productores, especialmente a los pequeños”, afirmó.

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