La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó este lunes la demanda de incremento del 20% al salario básico planteada por la Central Obrera Boliviana (COB) y advirtió que cualquier intento de imponer este ajuste de manera generalizada contraviene la normativa vigente.
A través de un comunicado público, la entidad empresarial sostuvo que una decisión de este tipo sería “incongruente, ilegal e inaceptable”, al recordar que el Decreto Supremo 5516 establece que la definición del salario básico debe surgir de una negociación directa entre empleadores y trabajadores.
La CEPB subrayó que el artículo 21 de esa norma —acordada entre el Gobierno y la COB— reconoce la negociación salarial como una expresión de la autonomía de las partes, ya sea de forma individual o colectiva, pero circunscrita a cada unidad productiva. En ese marco, considera que no corresponde fijar porcentajes uniformes a nivel nacional para el haber básico.
El pronunciamiento empresarial se produce en un contexto de tensión por el pliego petitorio 2026 de la COB, que incluye un incremento del 20% al salario básico, adicional al 20% ya aplicado al salario mínimo nacional a inicios de año.
Sobre este punto, la CEPB recordó que el mismo Decreto Supremo 5516 ya determinó el aumento del salario mínimo nacional (SMN), medida que —según señala— está siendo cumplida por todos los sectores, pese a que la califican como desproporcionada y aplicada de manera unilateral.
En esa línea, el ente empresarial enfatizó que la legislación vigente y los acuerdos internacionales establecen que el Gobierno tiene la facultad de fijar únicamente el salario mínimo, pero no el haber básico mensual, el cual debe definirse mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores.
Riesgos para el empleo y la economía
Más allá del marco legal, la CEPB advirtió sobre las posibles consecuencias económicas de aplicar un incremento generalizado al salario básico. Señaló que, en el contexto actual, una medida de este tipo podría derivar en el cierre de unidades productivas —especialmente pequeñas y medianas—, pérdida de empleos, reducción de nuevas contrataciones y mayores presiones inflacionarias.
Asimismo, alertó que estos efectos podrían terminar afectando el poder adquisitivo de la población y comprometer los esfuerzos de reactivación económica.
La organización también insistió en que cualquier negociación salarial debe tomar en cuenta factores como la productividad, las diferencias entre sectores y regiones, la situación económica de las empresas y su capacidad real de sostener incrementos sin poner en riesgo su estabilidad.
Pese a su rechazo a la propuesta de la COB, la CEPB ratificó su disposición a participar en los espacios de diálogo convocados por el Gobierno. Indicó que está abierta a discutir políticas laborales que promuevan la generación y preservación del empleo, el aumento de la productividad y la formalización de la economía.