La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) expresó este sábado su "profundo malestar y preocupación" por la actuación del Fiscal Regional de Arica, Chile, en el manejo de la investigación relacionada con un cargamento de madera boliviana presuntamente impregnada con cocaína, al considerar que el caso habría sido resultado de una interpretación errónea de los análisis realizados por las autoridades chilenas.
A través de un comunicado, la organización empresarial sostuvo que la forma en la que se manejó la denuncia generó un escenario de incertidumbre que provocó un "enorme daño" al sector forestal boliviano, afectando su reputación en los mercados internacionales y poniendo en riesgo contratos de exportación construidos durante décadas.
La FEPSC calificó de "muy grave" que una actuación que, a su juicio, careció del debido rigor técnico haya ocasionado perjuicios a un sector estratégico para la economía boliviana, sin que hasta la fecha exista una rectificación pública.
Ante este escenario, la entidad exhortó al Estado boliviano a presentar un reclamo formal ante el Gobierno de Chile y solicitar una investigación sobre la actuación del Fiscal Regional de Arica, además de promover las acciones administrativas y legales que correspondan por los daños ocasionados al sector forestal.
Asimismo, demandó que el caso sea esclarecido "con la mayor celeridad y transparencia" ante la comunidad internacional, con el objetivo de restablecer la confianza en las exportaciones forestales bolivianas.
Contexto del caso
La controversia comenzó el 8 de junio, cuando la Fiscalía Regional de Arica informó sobre la presunta detección de 108 toneladas de cocaína y ketamina impregnadas químicamente en 1.080 toneladas de madera boliviana distribuidas en 45 contenedores retenidos en los puertos chilenos de Arica y Valparaíso. La magnitud del supuesto hallazgo llevó a que el caso fuera denominado como el de las "narcomaderas", al ser presentado como una de las mayores incautaciones de droga a nivel mundial.
Sin embargo, semanas después, análisis realizados por laboratorios especializados de Chile y Brasil descartaron la presencia de sustancias controladas en la madera, lo que generó cuestionamientos sobre el procedimiento seguido por la Fiscalía chilena y abrió una controversia entre ambos países. Pese a esos resultados, la Fiscalía Regional de Arica informó que la investigación continúa vigente y que, por el momento, no emitirá un pronunciamiento definitivo mientras se desarrollan nuevas diligencias.
El Gobierno boliviano también cuestionó la actuación del fiscal a cargo del caso. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, sostuvo que la denuncia provocó un fuerte perjuicio al sector forestal y afirmó que autoridades chilenas con las que sostuvo reuniones expresaron observaciones sobre la forma en que se condujo la investigación.
De acuerdo con representantes del sector forestal, la denuncia derivó en más de 40 días de revisiones, allanamientos, suspensión de operaciones y pérdida de contratos comerciales, además de afectar la credibilidad internacional de las exportaciones bolivianas de madera, una actividad que genera miles de empleos y constituye una de las principales industrias exportadoras no tradicionales del país.