El empresariado boliviano cerró este martes una cumbre nacional con una agenda de propuestas para enfrentar la crisis económica, entre las que destacan la implementación de un plan de emergencia para rescatar empresas en riesgo, garantizar la libre transitabilidad, fortalecer la seguridad jurídica y abrir espacios de participación del sector privado en la definición de las políticas económicas.
Las conclusiones fueron presentadas al término de la Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Entidades Empresariales, organizada en Cochabamba, que congregó a 59 organizaciones nacionales y departamentales vinculadas a sectores como la industria, el comercio, la agropecuaria, la construcción, el turismo, la minería, los hidrocarburos, la energía, el transporte, la gastronomía y los exportadores.
En un pronunciamiento conjunto, los representantes empresariales sostuvieron que la seguridad jurídica debe convertirse en el principal pilar para recuperar la confianza de los inversionistas, preservar la libre empresa y generar condiciones que permitan sostener la producción y el empleo en el país.
Asimismo, señalaron que la elaboración de las políticas económicas debe incorporar la participación institucional del sector privado, al considerar que las empresas son las que asumen directamente los efectos de las decisiones adoptadas por el Estado.
En ese sentido, propusieron la creación de un mecanismo permanente y vinculante de coordinación entre el Gobierno y la institucionalidad empresarial para analizar proyectos de ley, decretos y otras medidas que tengan impacto sobre la actividad económica y las regiones.
Entre las principales demandas figura también la ejecución de un Plan de Emergencia Económica orientado a preservar las unidades productivas afectadas por la coyuntura. La propuesta contempla medidas como alivio tributario y arancelario, acceso a financiamiento y liquidez, créditos fiscales compensatorios, eliminación de multas correspondientes a la presente gestión, simplificación de trámites administrativos y mayores oportunidades para que las empresas participen en las compras y contrataciones estatales.
La cumbre otorgó además un lugar prioritario a la libre transitabilidad, al advertir que los recientes bloqueos de carreteras provocaron pérdidas económicas, interrupciones en las cadenas de abastecimiento, incremento de los costos logísticos, caída de las ventas y afectaciones al empleo.
Por ello, las entidades empresariales plantearon que la protección de las carreteras, corredores productivos, rutas de abastecimiento, accesos a plantas de combustible, centros industriales, mercados, aeropuertos y plataformas logísticas sea asumida como una política de Estado respaldada por mecanismos institucionales y operativos.
Como parte de la agenda acordada, el empresariado propuso avanzar en dos niveles de acción. El primero contempla medidas inmediatas para estabilizar la economía, garantizar el abastecimiento de diésel, mejorar la liquidez, reducir los costos logísticos y asegurar la continuidad de las actividades productivas.
El segundo apunta a reformas estructurales orientadas a fortalecer la seguridad jurídica, incentivar la inversión privada, impulsar una reforma tributaria, modernizar la normativa laboral, desarrollar infraestructura logística y energética, mejorar el acceso al agua, promover la innovación, crear zonas económicas especiales y reducir la burocracia.
Los representantes empresariales informaron que las conclusiones serán sistematizadas en un documento que será remitido a las autoridades nacionales con el objetivo de impulsar una agenda de reconstrucción productiva basada en la coordinación entre el sector público y el privado.
La reunión concluyó con un llamado a construir políticas económicas consensuadas que permitan recuperar la estabilidad, preservar el empleo y restablecer las condiciones necesarias para el funcionamiento de la economía formal.