Ex director del BCB dice que Bolivia recibió recursos del FMI en 2009 sin pedir autorización al Congreso

El préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que la administración de Luis Arce devolvió y que la Asamblea Legislativa no autorizó tiene un antecedente con un final diferente al actual.

En 2009, en un comunicado, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que el Directorio de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI), en fecha 7 de agosto de 2009, aprobó una Asignación Especial de Derechos Especiales de Giro (DEG) por el equivalente a $us 250.000 millones, con el propósito de aportar liquidez al sistema económico mundial.

De esta asignación, el BCB detallaba que el DEG de carácter excepcional, le correspondía a Bolivia DEG 127,1 millones, equivalentes a $us 198,2 millones, que fueron registrados en el Balance del BCB el 28 de agosto de 2009, de acuerdo a la Comunicación y procedimientos del FMI.

Esta asignación, según el comunicado del ente emisor, "se completará el 9 de septiembre de 2009" con un importe adicional de DEG 10,3 millones, equivalentes a $us 16,1 millones. Con estas dos operaciones, el total de la asignación de DEG a Bolivia alcanzará la suma de DEG $us 164,1 millones, equivalentes a $us 255,9 millones.

Según José Gabriel Espinoza, exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), la diferencia de estos recursos son, que en su momento el FMI se capitalizó e hizo llegar ese dinero entre sus asociados, mientras en 2020 debido a la emergencia sanitaria el Gobierno de transición buscó dinero bajo el mismo sistema de 2009.

Espinoza hizo notar que, en su momento, una vez modificada la Constitución Política del Estado (CPE), el ingreso y registro de los $us 255,9 millones no necesitaron de la autorización de la Asamblea Legislativa, como se exigió en 2020.

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Efectos

Por esta situación, el Ministerio Público de La Paz ordenó la detención del exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink.

La Fiscalía alega que tramitó un crédito por $us 327 millones, de forma irregular ante el FMI, por lo que lo acusa de realizar resoluciones contrarias a las leyes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

Audalia Zurita, abogada defensora de Schlink, explicó que están a la espera de la cautelar para definir la situación jurídica de su defendido y recordó que el fiscal tiene 24 horas para poner al detenido a disposición del juez cautelar y el juez debe hacerlo inmediatamente.

“Ayer, lunes 28 de junio, a las 17:50 dispusieron su aprehensión, desde esa hora está corriendo el plazo”, sostuvo Zurita.

En la investigación también están incluidos los exministros José Luis Parada, Óscar Ortiz y Branko Marinkovic.

Algunas diferencias

Espinoza explicó que la transacción realizada con el FMI no se trató de un préstamo tradicional, sino que se recurrió al Instrumento Rápido de Financiamiento (IFR), una operación de intercambio de divisas, cuyo objetivo durante la pandemia fue dotar de recursos a los países miembros del FMI de una manera rápida y expedita.

“El swap es una operación financiera en la que el FMI recibe bolivianos a cambio de Derechos Especiales de Giro (DEG’s), por lo que no constituye un endeudamiento propiamente dicho (en una operación de endeudamiento se reciben recursos contra una promesa o compromiso de pago)”, sostuvo Espinoza.

Sin embargo, el IFR de los $us 327 millones, solicitados en 2020, tiene un vencimiento a cinco años con un período de gracia de tres años y tres meses, a una tasa de interés del 1,05%.

De acuerdo con Espinoza, para tener un parámetro de comparación, los intereses de los créditos de organismos multilaterales suelen estar entre el 4 y 5%, mientras que los créditos bilaterales en torno al 5,5% y en el caso de los bonos soberanos, aunque se han colocado entre un 4,5 y 5,1%, hoy se está pagando por encima del 7%.