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El Gobierno - mediante la Aduana Nacional - informó que durante el 2021, unas 42 personas fueron sentenciadas por el delito de contrabando. El año pasado la entidad estatal inició 137 procesos y de esa cantidad se lograron 38 sentencias. No obstante, desde el sector industrial piden revisar el enfoque de la política de lucha contra este delito.

Citada por la agencia ABI, la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, señaló que el año pasado “como nunca” se inició un total de 137 procesos por contrabando, falsificación de documentos aduaneros, sustracción aduanera, cohecho aduanero, contrabando de exportación, favorecimiento al contrabando, violación de precintos aduaneros y defraudación aduanera.

“Son 38 sentencias a estas personas que han incurrido en estos delitos, ya se encuentran tras las rejas 42 personas que han incurrido en este delito del contrabando”, dijo a la agencia estatal.

La autoridad señaló en este reporte que el 59% de la mercancía incautada fue llevada a las subastas ecológica y normal, con lo que se recaudó un monto de alrededor de Bs 142,7 millones. Entre estos productos están cigarrillos, bebidas alcohólicas, vehículos no aptos para conducir fueron destruidas y el resto fue donado a diferentes instituciones, hogares y organizaciones sociales a través del Ministerio de la Presidencia.

Industriales

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, señaló que el contrabando es uno de los males endémicos en la economía boliviana, que no solo afecta a los ingresos de las empresas, sino que va precarizando el empleo y genera incentivos perversos, ya que desincentiva la inversión de largo plazo e imposibilita la innovación.

En este contexto, sostuvo que es importante revisar la política de lucha contra este delito que lleva adelante el Estado.

En un momento en el que las formas de producción y la economía en conjunto han cambiado de manera radical, creemos que es urgente revisar el enfoque de la política de lucha contra el contrabando, ya que solo con medidas punitivas no se ha logrado desincentivar esta actividad”, señaló el industrial.

Agregó que es necesario, conjugar una política de control con estrategias de incentivo y reducción de los costos de la formalidad.

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