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En la ‘nueva realidad’ pospandemia de covid-19, las diferencias políticas e ideológicas sacan a relucir un divorcio entre el Gobierno y el tejido empresarial en la política de reactivación económica implementada por el actual régimen que encabeza Luis Arce. El sector más importante generador de empleo fue excluido y si tuvo participación en los programas y proyectos de asistencia estatal los beneficios y resultados no fueron los esperados, al menos así lo dejaron entrever los líderes de los gremios empresariales del país.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la política de reactivación económica, por el lado de la demanda, autorizó el pago del Bono contra el Hambre, el incremento de rentas de los jubilados, el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y el reintegro en efectivo del Re-IVA.

Por el lado de la oferta, se crearon los créditos destinados al sector productivo (SIBolivia) con una tasa de interés anual de 0,5%, se restablecieron los límites de la cartera productiva y de vivienda de interés social, se determinó el refinanciamiento y reprogramación de créditos, se robustecieron las empresas estatales, se restituyó la inversión pública ($us 4.011 millones) para impulsar el crecimiento y otras medidas complementarias para reactivar la economía del país.

Puntal de desarrollo y empleo

Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, el sector privado empresarial boliviano tiene un rol fundamental en la economía nacional, en la producción y provisión de bienes y servicios y en la creación y sostenimiento del empleo, “por lo que es imposible que pierda su relevancia y que su aporte sea ignorado”, dijo.

A juzgar por Barbery, los empresarios siempre han considerado que el diálogo respetuoso, abierto y transparente es el mejor vehículo, no solo para resolver las diferencias, sino para encontrar juntos las mejores soluciones para los problemas del país. Insinuó que se precisa encarar problemas como la precariedad laboral, el contrabando, la falta de inversión y la industrialización desde una perspectiva integral y sostenible. “Estos son problemas que ni el sector público ni el privado podremos resolver de forma aislada y sin generar los espacios de coordinación”, manifestó, dando cuenta de que el diálogo es imperativo y urgente para encontrar las soluciones a los problemas.

El segundo vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy García, dijo que el sector no necesita de inversión estatal, “solo exigimos seguridad jurídica, condiciones e incentivos para incrementar la producción y por ende el crecimiento económico del país y la generación de mayor cantidad de fuentes de empleo”.

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