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Durante una conferencia, la directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), Jessica Saravia, informó este jueves sobre la revocatoria de licencia de operaciones de la empresa Samtofraro por incumplimiento de la norma.

“El 16 de octubre se ha otorgado licencia de operaciones a la empresa Samtofraro, la que además de no cumplir con los requisitos establecidos por la norma, tenía como apoderada a una persona con procesos por el funcionamiento de casas de juego clandestinas y deudas al Estado de más de 300.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV)Llama también la atención que el asesor legal de la empresa Samtofraro fuera posteriormente designado como jefe de Unidad Jurídica de la AJ en Santa Cruz”, señalo Saravia.

Detalló los requisitos establecidos en la Ley 60 de Juegos de Lotería y Azar y otros reglamentos que regulan la operación de actividades de juego en Bolivia y no fueron cumplidos por la empresa de juegos de azar Samtofraro.

Entre los requisitos incumplidos están:

- Incumplimiento al artículo 15 de la Ley 60 y el artículo 735 del Código de Urbanismo y Obras del Gobierno Municipal de Santa Cruz, que prohíbe fijar establecimientos de juego en lugares próximos a instituciones de educación y otros. La licencia de operaciones dispone que la actividad de la empresa Samtofraro sea desarrollada en un lugar que se encuentra a 98 y 250 metros de distancia de una guardería y de un centro educativo municipal.

- No cumplieron con el artículo 12 numeral 2 del reglamento aprobado por el DS 781, que determina los requisitos sobre el capital del operador. Se autoriza a la empresa con un supuesto capital de Bs 3.741.000, sin considerar que conforme a la certificación del sistema financiero la empresa tiene una cuenta bancaria con un importe depositado de Bs 96.138. Además, los bienes inmuebles y muebles presentados por los socios no cuentan con documentos de respaldo, ni se encuentran registrados a nombre de la empresa.

- Pasaron por alto que el artículo 13 parágrafo 2 del reglamento aprobado por el DS 781 prohíbe que los socios, accionistas, miembro del directorio o de la administración de la empresa operadora tengan deudas pendientes con el Estado. El socio Mario Lanza tenía deuda tributaria de Bs 42.949 y 9.100 UFV al momento de la notificación con la Licencia de Operaciones.

- No cumplieron con el artículo 15 numeral 3 del Reglamento aprobado por el DS 781 que señala que las empresas deben presentar un proyecto de factibilidad que contemple el origen y descripción de sus recursos financieros. En el documento presentado por la empresa no se establece la fuente de financiamiento de la actividad, por lo que se desconoce el origen del dinero de la inversión.

Por otra parte, la directora ejecutiva de la AJ, aseguró que desde su institución se están realizando las acciones para que se determinen las responsabilidades que correspondan. “Haremos respetar la norma, más aún cuando se trata de proteger a niños y adolescentes, el sitio iba a funcionar en lugar cercano a establecimientos educativos, los representantes tenían deudas con el Estado y no transparentaron sus fuentes de financiamiento, en consecuencia, estamos realizando las acciones pertinentes para determinar las responsabilidades que correspondan”, declaró Saravia.

La AJ tiene la misión de proteger los derechos de todos los bolivianos a participar en actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales de manera justa, legal y transparente. Las personas que tengan conocimiento sobre el funcionamiento de lugares ilegales de juego pueden registrar sus denuncias ingresando a www.aj.gob.bo o la aplicación AJ Móvil.


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