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El 5 de junio la Asamblea Legislativa aprobó un contrato de préstamo entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado boliviano por $us 100 millones para reformas que permitan aumentar el número de hogares con acceso a agua potable y saneamiento, incluyendo tratamiento de aguas residuales.

 ¿El dinero es solo para capacitación y generación de normas o habrá obras de infraestructura?

El BID, desde el punto de vista de objetivos maneja dos tipos de financiamiento; unos para inversión, que son los que pagan la ejecución de obras, resultados tangibles, activos, carreteras, represas y el otro tipo de instrumento es el que apoya la ejecución de reformas y mejoras de la gobernanza pública a través de normas, institucionalidad y capacidades de gestión. Este segundo tipo de préstamos son basados en políticas, los de inversión se van desembolsando de acuerdo a la ejecución, pero los de apoyo de políticas se desembolsan cuando se ha materializado una etapa del proceso de reforma pública. Tenemos una norma en el BID por la que en el año no efectuamos más de un 30% del total de los préstamos en apoyo a reformas, y el 70% restante a inversión.

¿Cuál es el propósito de los créditos para reformas?

Es acompañar a los gobiernos en las reformas en sectores donde hay rezago en gobernanza y también los asistimos técnicamente. Estos $us 100 millones apoyan un proceso de reforma en gestión para el tratamiento de aguas ácidas, monitoreo de reforestación; es decir, un abanico de actividades para cubrir vacíos.

Para una economía como la boliviana, ¿no es demasiado $us 100 millones para gestión y normas?

En el caso de Bolivia quiero remarcar algunos puntos, el país tiene un superávit fiscal corriente superior al 5% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, el gasto de Bolivia en el año tiene un superávit con respecto a los recursos para su financiamiento del orden de los $us 2.000 millones por año. El déficit fiscal total de Bolivia está en el orden de 7 a 8 puntos del PIB porque el país está realizando una política agresiva de inversión pública que está en los $us 5.000 a 6.000 millones anuales. El déficit no se corresponde con gasto corriente, sino con los recursos asignados a inversión; entonces, cuando el Gobierno accede a recursos de libre disponibilidad como estos $us 100 millones forma parte del gasto de inversión. Estos recursos son menos del 3% de la brecha de financiamiento del país que supera los $us 3.300 millones. Entonces, no son un estímulo en la política fiscal de Bolivia, como mencionan algunos analistas.

¿Aplican mecanismos de fiscalización para supervisar el destino de los recursos?

Sí, existen compromisos. Nosotros, primero hacemos un análisis general macroeconómico para observar si hay algunos desfases que impliquen que el financiamiento signifique que se acentúe una crisis. Si el financiamiento fuera relevante se fiscaliza el destino de los recursos, pero en este crédito es irrelevante el riesgo de que se constituya en un factor de viabilización de políticas no apropiadas.

¿Cuánto tiempo demoraron entre la propuesta del Gobierno hasta que se aprobó el crédito con el BID?

Los marcos de financiamiento anuales entre el Banco Interamericano y todos los países donde trabajamos se guían por lo que llamamos la estrategia Banco-país. En ellas discutimos las áreas con restricciones económicas, las áreas que restringen el desarrollo y aquellas en las que el banco puede ser un mejor socio.

Luego de ello vemos dónde se trabaja en reformas e inversión y hacemos programaciones cada dos años. Las operaciones de reformas que estamos ejecutando en el año 2019 fueron discutidas en el segundo semestre de 2017 y ahí se acordaron los créditos para el periodo 2018-2019.

Algunos analistas indican que es posible el uso de estos fondos con fines electorales o sostener el déficit fiscal...

Imagínese usted que un país que tiene un superávit fiscal corriente de $us 2.000 con inversiones por $us 6.000 millones, los $us 100 millones son irrelevantes. Este dinero es un enganche para apoyar estos procesos de reforma.

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