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¿Formalizarse? ¿Para qué? En un país como Bolivia, no gracias. Esa es la premisa de varias pequeñas empresas que operan en un país donde más del 80% de la economía es informal. Y el problema, no es que muchas adoren la informalidad, sino que el hecho de tener todo en regla trae también varios dolores de cabeza como el pago excesivo de impuestos, multas y la realización de un sinnúmero de trámites.

Lo expuesto no es una opinión o un dato suelto sino el diagnóstico de un foro internacional organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) junto al Banco Mundial (BM). El evento denominado Contrabando e Informalidad: Efectos y políticas, analizó estas dos problemáticas que se acrecentaron a partir de la crisis económica por la pandemia del coronavirus.

Justamente, el fundamento que más sobresalió en el foro está relacionado con las causas que llevan a la informalidad. Entre los orígenes están los diferentes procesos que deben seguir los emprendedores que quieran abrir una empresa. A esto se suma la carga impositiva.

Según el ranking Doing Business (un estudio del Banco Mundial) de 2020 un emprendedor boliviano debe superar 12 pasos para abrir un nuevo negocio en el país. Hasta el año pasado, según el diagnóstico, los requisitos a superar eran 14, lo que significa que hubo una leve mejora.

No obstante, pese a este avance la media en el resto de los países de la región es de 8,1 pasos o procedimientos.

De acuerdo a este ranking internacional, un emprendedor en el país necesita 39,5 días para abrir un negocio. Mientras que en América Latina y el Caribe solo se requieren 28,8 días.

Ya en el plano impositivo, actualmente las empresas hacen 42 pagos al año en el país.

Esto es diferente en el resto de América Latina y el Caribe, en donde el promedio es de 28,2 pagos. En cambio, en algunas regiones de Asia como China y Hong Kong solo se hacen tres desembolsos por concepto impositivo.

Otro dato que desalienta la formalización es el tiempo que se debe destinar al pago de los impuestos. El estudio internacional sostiene que en Bolivia los empresarios destinan 1.025 horas por año para pagar sus obligaciones con el Estado. El dato está lejos del promedio regional que alcanza las 317,1 horas.

Con estos números, el ranking ubica al país en el puesto 150 de 190 países analizados.

Dificultades

María Dávalos, economista senior del Banco Mundial, que analizó la situación de la informalidad en el foro, explicó que este fenómeno se produce por dos factores; uno es la baja productividad y el segundo es la regulación excesiva que existe en el país.

La especialista apuntó que en el caso específico de Bolivia hay oportunidades de mejora en ambos caminos.

Por ejemplo, una vía para incrementar la productividad es mejorar la calidad de educación, en especial en las zonas rurales.

En la segunda razón apuntaló que es necesario mejorar ‘el camino’; es decir, las regulaciones, para que exista un tránsito natural de la informalidad a la formalidad. “Este camino es interrumpido por barreras que enfrentan los empresarios potenciales y los existentes, para convertirse en formales o para crecer”, explicó.

Otro elemento que observó la especialista es la regulación laboral y los incrementos salariales “que las empresas las perciben como barreras restrictivas para crear empleos”.

Sobre la legislación, precisó que las normas bolivianas ponen obstáculos y condicionan la contratación de personal temporal y fijo.

No hay flexibilidad que vaya acorde al mercado laboral más moderno que tenemos hoy en día. Asimismo, el aumento en el salario no fue necesariamente ligado a objetivos de aumento de productividad o inflación e hizo que aumenten los costos laborales para los empresarios”, dijo.

La especialista detalló que una vez conformada una empresa en el país, la compañía tiene que cumplir un sinnúmero de requisitos con más de 19 instituciones gubernamentales.

“Esa carga es recibida como alta (por los empresarios) y es vista como un desincentivo adicional para la formalización de los emprendimientos”, señaló.

Asimismo, en su diagnóstico la experta resalta que otro proceso que enfrentan las empresas es la complejidad en el pago de sus impuestos. “No solo se trata de la cantidad de pagos que deben hacer cada año, sino las altas penalidades por errores”, observó.

Pandemia e informalidad

Durante el periodo de emergencia sanitaria mundial, a raíz de la pandemia por coronavirus, la informalidad creció, no obstante Dávalos, dijo que este fenómeno se presentó con dos caras diferentes. Por un lado, significó que varias micro y pequeñas empresas, que en su mayoría operan en la informalidad, estén al borde de la desaparición al no tener una espalda financiera que las sostenga.

Pero por otro también permitió a las familias encontrar una fuente de ingresos ante la crisis.

Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial, coincidió con que el sector informal fue uno de los más afectados por la pandemia, porque está conformado por personas y empresas que se dedican a la actividad comercial y de servicios, donde hay poca capacidad para trabajar a distancia.

“Es un sector que depende mucho de las relaciones interpersonales a corta distancia; por ejemplo, en los mercados y tiendas pequeñas, sus ingresos se han disminuido y eso ha generado pobreza”, dijo.

Los informales están menos protegidos frente a los grandes choques de la economía, “por eso la agenda de la formalización se vuelve más urgente”.

Y si bien el microcrédito, agrega Loayza, ayudó a algunas microempresas a formalizarse para tener acceso a mayor capital para sus operaciones, muchas otras se enfrentan a “obstáculos regulatorios y prefieren seguir informales”.

En esa línea, Pablo Mendieta, director del Centro Boliviano de Economía (Cebec) de la Cainco, explicó que por efecto de la pandemia los empleos formales, dentro de población económicamente activa, cayeron de 600.000 a 400.000. “El empleo formal cayó en esa magnitud”, dijo.

Mendieta detalló que el sector informal genera en el país hasta el 80% del empleo.

A su vez, Félix Huaycho, presidente de la Federación de la Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz, sostuvo que muchos microempresarios operan en la informalidad porque no encuentran ningún tipo de beneficio en la formalización. “Los gobernantes quieren que nos formalicemos, pero sin dar condiciones. Hay, entre un 60% y 70% de informalidad en el sector, de a poco estamos impulsando para formalizarnos, pero no hay políticas públicas desde el Estado, la Gobernación o Alcaldía”, dijo.

Para ejemplificar esta situación sostuvo que “en los mercados Siete Calles, Los Pozos y La Ramada, hay tiendas con productos nacionales con licencia de funcionamiento y NIT, y constantemente los están visitando los inspectores, pero al lado hay una tienda de prendería usada y nadie dice nada. “¿Entonces, dónde están las autoridades?”, reclamó.

Sin embargo, la semana pasada el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, se comprometió con los empresarios a facilitar los trámites para formalizar los emprendimientos y brindar incentivos tributarios que permitan reactivar la economía. Sostuvo que los trámites para abrir nuevas empresas deberán ser más simples.

Richard Gonzales, secretario municipal de Desarrollo Económico y Empleos, dijo que promoverán que las patentes de licencia de funcionamiento contemplen menos requisitos, una ventanilla única y que no demoren más de 48 horas para formalizarlas, e incluso que se haga de forma virtual.

Cambios

Los tres expertos coincidieron en que la informalidad se puede reducir con las acciones adecuadas. Para ello se necesita mejorar la regulación y que la gente sienta los beneficios de la formalidad.

En este aspecto, es fundamental, según los especialistas, que mejore el clima de negocios para todas las empresas, reduciendo las trabas regulatorias, impositivas y otras que sean perjudiciales para mejorar la productividad.

Por ejemplo, Loayza sostuvo que es necesario reducir los costos que implica la formalización y aumentar sus beneficios.

Los especialistas afirmaron que, si bien a corto plazo la informalidad genera beneficios, al estar fuera de la ley muchos emprendedores no pueden acceder a nuevas tecnologías, crecer como empresas y mejorar sus habilidades.

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que analiza las dificultades regionales para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sostiene que ocho de cada diez bolivianos y bolivianas subsisten de la economía informal, situación que compromete su acceso a sistemas de seguridad social (principalmente salud y educación) y mejores opciones laborales, más competitivas y mejor remuneradas.

Otro estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario señala que a raíz de la pandemia el trabajo informal superó el 80% y alerta que la calidad del empleo se ha deteriorado.

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