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El expresidente de YPFB, Herland Soliz, afirma que en su gestión no hubo corrupción ni daño económico al Estado en los tres casos que se lo investiga y que detrás de su destitución hubo acusaciones malintencionadas mediáticas y políticas que no cuentan con ningún sustento legal ni técnico que demuestren malos manejos administrativos durante su gestión en la estatal petrolera. La aclaración la hizo en un video, un mes después de haber sido destituido del cargo.

Frente a una cámara, Soliz manifestó que ha pasado más de un mes de su destitución y más de 40 días de la solicitud que hizo para que se realicen auditorías a cada uno de los procesos de contratación por emergencia durante la cuarentena del Covid-19. Detalló que coincidentemente el ministro de Hidrocarburos señaló que también se realizarían auditorias. “A la fecha no tenemos resultados y son estas auditorías las que van a determinar si existe daño económico al Estado o negligencia administrativa de parte de YPFB”, subrayó. 

En el video Soliz enfatiza que las tres acusaciones en su contra son falsas y expuso, según él, datos reales y precisos de cada uno de ellos. En el caso del contrato de seguros, afirmó que no se formalizó ninguno nuevo contrato durante la emergencia. Apuntó que lo que se hizo fue ampliar por 60 días el contrato vigente y que en este periodo recién se  licitaría públicamente la contratación. Deduce que no existe ni existieron daños económico al Estado en este proceso.

En el caso del servicio de contratación de alimentación complejo Río Grande, explicó que en esta planta se generaron todos los combustibles esenciales para la cuarentena, GNL que luego se convierte en gas domiciliario, GLP que es el gas que se utiliza en todas las garrafas de uso doméstico y la gasolina que fue el combustible con los que se transportaron médicos, enfermeras, y soldados del ejército, policías y bomberos. 

Denotó que se cuestionó un sobreprecio en los alimentos. Al respecto, mencionó que fue un servicio completo, no solo alimentación y limpieza y que también comprende el servicio de lavandería, transporte de alimento, logística y seguro para el personal, gestión de residuos y otros. “La empresa contratada fue la que tenía los precios unitarios más bajos entre siete oferentes. En en este contrato no existe sobreprecio; por ende, tampoco existe daño económico al Estado”, detalló.

En el caso de la compra de combustibles, sostuvo que fueron planificados con el único fin de garantizar el abastecimiento por 90 días. Sin embargo, dijo que no llegó a comprar ningún litro de gasolina ni de diésel bajo estos contratos porque no llegó a firmarlos debido a que fue destituido.

Asimismo, desmintió el supuesto sobreprecio de los combustibles, pese a que no se formalizaron los contratos. “El precio no lo establece YPFB, Herland Soliz, ni los compradores ni los vendedores, el precio obedece a un valor internacional de mercado en el momento que se efectúa la compra. Sin embargo, nunca existió la compra. No existe ni nunca existió daño económico al Estado en este otro contrato”, concluyó. .

A juzgar por Soliz, las acusaciones malintencionadas fueron mediáticas y políticas y  no cuentan con ningún sustento legal ni técnico que demuestren algún tipo de corrupción durante su gestión.

Cabe recordar que en la primera semana de mayo, luego de una serie de denuncias de presuntas irregularidades en la administración de la estatal YPFB, el Gobierno decidió cambiar a Soliz y posesionó a Richard Botello, en el cargo de presidente de la petrolera estatal.

Cabalmente, ese día, con ocasión de la posesión, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, encomendó al nuevo presidente de la petrolera trabajar con transparencia y eficiencia en la administración de la estatal YPFB.