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La familia Marinkovic Jovicevic emitió un comunicado en el que refuta la denuncia del presidente de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, citado en radiofides.com, de un supuesto tráfico de tierras que sumados alcanzan las de 33.000 hectáreas en favor del ministro de Economía, Branco Marinkovic, cuyos procesos, expone, fueron acelerados en la gestión de la presidenta Jeanine Áñez. 

En una entrevista a dicho medio, Colque explicó que el caso de la propiedad de la Laguna Corazón de 12.480 hectáreas data de 2007 y que el 26 de febrero de este año el proceso de saneamiento y titulación de la propiedad fue acelerado.

“Pertenece a la familia del ministro de Economía, Branco Marinkovic. El otro caso es denominado Tierras Bajas del Norte, es una propiedad que originalmente se pretendió titular por una extensión de 21.000 hectáreas”, explicó Colque, al dar cuenta sobre la existencia de una resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que data del 15 de septiembre que retoma la idea original de otorgar el título agrario por el total de esta propiedad a la familia del ministro.

“Dos casos de ambas propiedades que suman más de 33.000 hectáreas de tierras, todas pertenecientes al ministro y sobre todo son procesos agrarios activados, acelerados durante el Gobierno de Áñez y (con) la actuación de Branco como ministro”, acotó el denunciante.

En un comunicado la familia Marinkovic Jovicevic aclaró que Branko Marinkovic Jovicevic no tiene ninguna relación de propiedad en las tierras mencionadas por el titular de la Fundación Tierra. “Las mismas son de propiedad de la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón SRL, entre cuyos accionistas él no figura”, precisan.

Especifican que la titularización de las mencionadas tierras corresponde a un trámite que ha tomado más de 10 años y que, después de un proceso legal debidamente sustanciado en los tribunales e instancias respectivas, ha concluido con una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional el 17 de julio de 2020, la misma que dispone que el INRA emita resolución final de saneamiento.

Asimismo, desglosan que desde el momento en que las tierras fueron legalmente compradas, hace más de una década -cuando se canceló el total del valor de las mismas- sus propietarios han cumplido a cabalidad todas las normas legales vigentes en el país. “Las mismas han sido adquiridas en estricto cumplimiento de la Ley y de la Constitución Política del Estado”, anota la familia del ministro de Economía.