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La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) observó - a través de un comunicado oficial enviado a EL DEBER- que en Bolivia se presentó un repentino e inesperado cambio en las reglas del juego sobre las reprogramaciones y diferimientos de crédito, con motivo de la expedición del Decreto Supremo 4409, en el cual se modifica la reglamentación sobre los intereses que corresponden al capital diferido con motivo de la emergencia que inició en el pasado mes de marzo. 

En el documento, el organismo indica que según las nuevas reglas recientemente promulgadas por el Gobierno boliviano, no será posible cobrar intereses corrientes sobre capital insoluto de pago diferido sobre el saldo de crédito diferido, "afectando adversamente la posición de todos los acreedores formales y debidamente vigilados por el Estado".

"Adicionalmente, las normas expedidas meses atrás permitían alternativas para darle tratamiento a dichos saldos; hoy, en un abrupto cambio, dichas opciones han sido limitadas, generando restricciones a la capacidad de las entidades crediticias de financiar proyectos productivos y con alto impacto social", señala Felaban.

En este sentido, la Federación considera que dichos cambios repentinos de ninguna forma contribuyen a preservar la estabilidad financiera, ni a mantener la cadena de pagos programada por el mismo Gobierno desde el inicio de la pandemia. "Así, las reglas del juego financiero se vulneran, y el sector financiero se somete a incertidumbre normativa sobre el manejo futuro de los contratos de crédito", apunta.

Impacto en el mediano plazo

La entidad gremial advierte que estas medidas afectan, en el mediano plazo, la colocación de nuevos créditos, erosionan las posibilidades de una mayor inclusión financiera, retrasan la reactivación de las economías nacionales, y lanzan mensajes que a su juicio son erróneos, con relación a la debida cultura de pago, la honra de los compromisos financieros adquiridos por los agentes económicos, así como el menoscabo en la autonomía en el manejo de los contratos entre agentes privados.

Asimismo, señala que en otras jurisdicciones se han presentado normas que afectan la posición del crédito vigente, con alta diversidad de medidas y propuestas.

En este sentido, Felaban sugiere necesario que las autoridades consideren la posición técnica que al respecto tengan los jugadores privados, que son quienes cuentan con conocimiento de primera mano de las consecuencias en su actividad.

Igualmente, afirma que es relevante conocer las posiciones que al respecto tengan otras voces de la institucionalidad económica y financiera, tales como superintendencias, bancos centrales y ministerios de economía y/o finanzas.

"La prudencia y buen manejo de las decisiones que se tomen hoy, en materia económica y financiera, serán tanto la base para una recuperación sostenida en el futuro, así como para la superación de los problemas estructurales que afectan el buen funcionamiento de las economías nacionales", señala la entidad gremial de los bancos.

En ese sentido, desde Felaban hacen un 'llamado cordial' a los gobiernos nacionales a tener en cuenta la evidencia empírica, la experiencia internacional, y los mejores argumentos que la razón aporte en las actuales circunstancias, al momento de diseñar políticas públicas.

Apoyo del sistema financiero

Felaban resalta que durante el desarrollo de la presente emergencia sanitaria global, el sector bancario ha estado atento al desarrollo de la misma, con el fin de contribuir positivamente a los graves efectos que el virus del Covid-19 ha significado para la economía, los negocios, las finanzas y los niveles de empleo.

De igual forma, la entidad pone en relieve que el sector bancario, en una tendencia que puede ser catalogada como mundial, ha ejecutado planes e iniciativas para reprogramar las deudas vigentes al momento de inicio de la pandemia, con el fin de ajustar el pago de las mismas a la realidad económica derivada de la misma.

En el comunicado, agrega que en el caso de América Latina, un sondeo realizado por Felaban evidenció que en el 82% de los países de la región se realizaron procesos de diferimiento de cuotas de crédito durante los meses de abril y junio.


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