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Juan de Dios Fernández, director general de Planificación del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), durante una entrevista en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio, señaló que el proceso de distribución de tierras es una necesidad de los actores rurales.

En ese sentido, el INRA ha realizado un trabajo regular que ha permitido que en Santa Cruz se distribuyan 1,7 millones de hectáreas en beneficio de unas 900 comunidades.

“En el proceso hay que reconocer que, en  algunos momentos ha sido mayor la demanda por tierra que la capacidad del Estado para acompañar esas solicitudes de manera sostenida y asegurar los asentamientos. Ahora estamos trabajando en un proceso de revisión de todo esto para ver si las resoluciones de asentamientos se han consolidado en su plazo legal de dos años”, manifestó Fernández.    

Según el ejecutivo del INRA, el proceso de ordenamiento pasa por generar seguridad jurídica. En el caso de Santa Cruz, el 90% de la superficie (unos 35 millones de hectáreas) cuenta con su derecho de propiedad ya regularizados.

En Santa Cruz existen alrededor de 100.000 predios de los cuales 90.000 ya tienen seguridad jurídica. El tema de seguridad jurídica está casi resuelto. Las denuncias de avasallamientos o asentamientos ilegales, si se dan en estos 90.000 predios, el INRA no tiene competencia, son otras instancias las que tienen que intervenir, como el Tribunal Medioambiental. Cuando aparece este tipo de problemas, parecería que es el INRA el que tiene resolverlos, pero no es así”, aclaró.

Informó que, desde febrero hasta la fecha, el INRA en Santa Cruz ha recibido 41 denuncias sobre avasallamientos, asentamientos ilegales y otros. Tomó acciones en 21 casos y en las restantes 20 no actuó porque no eran de su competencia. En cuanto a saneamientos registraron denuncias sobre cinco predios.

El INRA atenderá primero todos los problemas y demandas que sean de su competencia y luego resolverá los otros con los actores que correspondan. En el caso de la distribución de tierras tenemos que avanzar en asentamientos que tengan mejores condiciones de sostenibilidad en el futuro”, manifestó Fernández.

Con respecto a la competencia de la Comisión Agraria Departamental (CAD), Fernández señaló que las comisiones departamentales fueron instrumentos que se pensaron cuando se promulgó la ley en 1996, pero que no han funcionado porque en los lugares donde se generaron problemas por la tierra se cruzaron los temas políticos.      

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