El fiscal del Distrito habló de elementos de convicción en contra del imputado por delitos que se investigan, principalmente estafa agravada, y la concurrencia de los riesgos procesales. El organismo de investigación policial también refuta el fallo

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9 de marzo de 2019, 4:00 AM
9 de marzo de 2019, 4:00 AM

Un día después que la jueza de Instrucción Cautelar en lo Penal, Carla Lorena Añez, otorgará medidas sustitutivas -arresto domiciliario con escolta policial, fianza de Bs 300.000, anotación preventiva de sus bienes, arraigo y firma del libro procesal cada viernes- al expresidente de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), Iván Uribe, el fiscal del Distrito, Mirael Salguero, rechazó y expresó total desacuerdo del Ministerio Público por la resolución.

El imputado es investigado por el desfalco millonario de $us 7,7 millones detectado por la telefónica al programa Cotas en Cuotas, a través de solicitudes ficticias de equipos electrónicos.

Según Salguero, el Ministerio Público demostró los elementos de convicción en contra del imputado por los delitos investigados, principalmente estafa agravada, y la concurrencia de los riesgos procesales. “Estamos en total desacuerdo y rechazamos la resolución fijada por la jueza. Se trabajó incesantemente día y noche, incluso el feriado de Carnaval, para responder a la sociedad y en defensa de la legalidad; sin embargo, nos encontramos con esta clase de resolución”, exclamó.

De igual forma, refutó los términos utilizados por los abogados de Uribe en sentido que el Ministerio Público tenga una ‘actitud criminal’ en los actos investigativos. “Tenemos la obligación de realizarlos porque están establecidos en la ley. Estamos respetando los derechos de las personas. Un allanamiento es un acto investigativo”, manifestó Salguero.

La fiscal Fanny Alfaro, que encabeza la comisión que investiga el caso, indicó que se tiene la declaración de dos personeros de Cotas que establecen de manera clara e indican que presuntamente Uribe conocía los actos irregulares. “Se tiene un informe de auditoría de 2017, emitido en 2018, que establece que no hubo irregularidad alguna, pero en el allanamiento realizado a Cotas se colectó un informe de principios de 2018 que pone en evidencia y en conocimiento la irregularidad de salida de diferentes equipos, en cantidades masivas, que incluye un listado de las personas que se encargaban de retirarlos. “Estos elementos hacen ver que Uribe tenía conocimiento del hecho, independientemente, de las otras declaraciones que hemos recepcionado”, dijo la fiscal.

Policía cuestiona veredicto

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), organismo de investigación policial, Gonzalo Medina, calificó de benévolo y suave el accionar y la decisión de los fiscales y de la jueza. “Curiosamente la Fiscalía departamental le puso un médico forense defensor que alertó un diagnóstico de muerte súbita al ex titular de Cotas que, con seguridad, influyó en la decisión de la jueza. Por qué no se asumió igual iniciativa con los otros cuatro ahora aprehendidos por el mismo caso”, puntualizó.

El jefe policial cree que al estar libre Uribe hay riesgo de obstaculización al proceso investigativo, peligro de fuga y que puede influir en Cotas para que se oculten elementos probatorios.

El jueves, Medina mostró un organigrama, con Uribe a la cabeza, y explicó el modus operandi que se aplicó para sustraer los equipos electrónicos. “Hemos encontrado elementos que establecen su participación en este hecho delictivo, ahora con él libre estamos en desventaja porque puede influir en testigos, participes y cómplices y obstaculizar el proceso de investigación”, dijo.

Descargo de la defensa

Otto Ritter, uno de los tres abogados patrocinantes de Uribe, en tono molesto denunció que hasta casi finalizada la jornada no se habían dispuesto los escoltas policiales para que su defendido sea liberado en cumplimiento al fallo de la jueza cautelar.

“Se apelará a las medidas sustitutivas fijadas por la jueza por ser excesivas y de imposible cumplimiento. Correspondía libertad irrestricta porque no hay indicios ni riesgo procesales en contra de mi defendido”, señaló Ritter.

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