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Tras la difusión del Frigorífico BFC -opera en San Ignacio de Velasco- de un comunicado en el que advierte que, de no revertirse o atenuarse las medidas dispuestas por el Gobierno de regular las exportaciones del sector cárnico, se verán forzados a disminuir la producción y desvincular un 70% o más de su planta de trabajadores, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), a través de su presidente Alejandro Díaz, salió al paso para advertir señales nocivas de inseguridad jurídica para las inversiones del sector.

La empresa BFC aclara que respeta las decisiones soberanas del Gobierno de Bolivia; no obstante, alude que se verán obligados a adecuarse a la situación, por lo que piden la comprensión de la población chiquitana, cruceña y del país frente a una eventual posibilidad de reducción de personal.

De concretarse la medida anunciada por el frigorífico, Díaz ve un impacto negativo en lo económico y social con una disminución de operaciones y cesantía de fuentes laborales. 

Hace notar que la industria cárnica ha alcanzado una dinámica productiva valiosa para la comunidad chiquitana y, particularmente de San Ignacio de Velasco. Con datos del sector ganadero en esa zona, a decir de Díaz, BFC eroga mensualmente unos Bs 4 millones mensuales en salarios, genera más de un millar de empleos indirectos en la zona y en 2020 destinó más de $us 2 millones al pago de impuestos.

“Los anuncios estatales referidos a la regulación del sector cárnico no solamente son nocivos para la actividad pecuaria nacional, sino para el país, porque son señales confusas o nada claras para la inversión extranjera o nacional que aspira a refugiar capitales en un sector prometedor como la ganadería. Siempre esperamos que en las decisiones de políticas públicas prime el incentivo a la producción y no un estancamiento o retroceso”, refirió Díaz, al anotar que en el oriente cruceño y beniano son más de 40.000 productores ganaderos, entre pequeños, medianos y grandes.

La semana pasada, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras dispuso una normativa que establece la aplicación de certificados de abastecimiento interno y precio justo, para permitir la comercialización de carne bovina a mercados de exportación. 

Ayer, el viceministro de Comercio Interno y el director nacional del Sensag, Gróver Lacoa y Patrick Nogales, respectivamente, indicaron que, en el marco de sus competencias, están trabajando normativas para transparentar y reglamentar el funcionamiento en los centros de remate.

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