Gobernación demanda a YPFB para que restituya más de $us 3 millones por regalías del campo Margarita
A criterio del segundo presidente de la institución cívica, Marco Guaygua, la empresa estatal debe devolver esos recursos económicos para que la Gobernación pueda utilizar y honrar compromisos con programas sociales.
La Gobernación de Tarija inició una demanda a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que restituya más de $us 3 millones aproximadamente de regalías provenientes del campo Margarita - Huacaya.
La petición jurídica está basada en la reciente sentencia constitucional 0660/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que establece la inconstitucionalidad sobre el "congelamiento" del pago de ese ingreso a mediados del pasado año.
"Revocar la Resolución 001/2022 de 26 de julio, cursante de fs 1145 a 1162 pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: Denegar la tutela solicitada, por concurrir la sustracción de materia o pérdida de objeto reclamado, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada", señala textualmente el fallo.
En julio del pasado año, el asambleísta de Chuquisaca, Ricardo Zárate, presentó una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia para congelar el pago de regalías del campo Margarita - Huacaya hasta que se concluya el estudio de actualización del factor de distribución.
Zárate acudió a este recurso jurídico por el inicio de la producción de gas natural del pozo Margarita X10.
El gobernador de Tarija, Óscar Montes, confirmó a EL DEBER que se envió una demanda a YPFB para que restituya el dinero por regalías petroleras luego que el TCP emitiera una sentencia que no era correcta constitucionalmente.
"Queremos que nos devuelvan los recursos económicos que han liquidado con el actual factor de distribución, cuando todavía no estaba vigente", reafirmó.
Según el gobernador, se hizo un cálculo de $us 3.4 millones que está dentro de la demanda que se interpuso contra la empresa estatal.
El Comité Pro Intereses de Tarija se sumó al pedido de la entidad subnacional después de conocer el fallo constitucional del TCP.
A criterio del segundo presidente de la institución cívica, Marco Guaygua, la empresa estatal debe devolver esos recursos económicos para que la Gobernación pueda utilizar y honrar compromisos con programas sociales.
El abogado Marco Cardozo afirmó que el fallo constitucional surgió a raíz de un memorial presentado por él y un grupo de profesionales juristas para solicitar la improcedencia de la Acción Popular por sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal.
"Se hizo de forma independiente meses después que el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca se pronunció a favor del asambleísta. Presentamos el memorial sin involucrar a ninguna autoridad política ni administrativa de Tarija", mencionó el jurista.
Por otro lado, se informó que el grupo de abogados interpuso formalmente al TCP un recurso de aclaración y complementación en aplicación del artículo 13 de la Ley 253, Código Procesal Constitucional.
A través de ese recurso jurídico solicitan a los magistrados aclaren cómo Tarija legalmente obtendrá la restitución del dinero que no recibió por la aplicación retroactiva del nuevo factor de distribución por parte de YPFB.
