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La Gobernación de Santa Cruz, a decir del secretario de Gobierno Vladimir Peña, no está del todo satisfecha con la Ley 1307 que reasigna, a favor de municipios, gobernaciones y universidades públicas, el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para enfrentar la emergencia provocada por el coronavirus.

La norma, sancionada el 18 de junio por el Legislativo, autoriza de forma ‘temporal’ la transferencia de $us 200 millones en favor de estas entidades en un plazo de 15 días.

El 12% del IDH, según el Artículo 12 de la Ley 767 -cuya aplicación quedó en suspenso-, debía ser retenido por el Ejecutivo para impulsar actividades de exploración petrolera a través del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (Fpieeh).

Desde la perspectiva de Peña, si bien la Ley 1307 refleja un avance, no está dada en los términos que la Gobernación cruceña pidió. “Hemos sido claros y enfáticos. En 2015 la ley de confiscación del 12% ha sido un error. Nunca se debió quitar los recursos de la salud y la educación para transferirlos a hidrocarburos y hoy estamos viendo y sufriendo todos los bolivianos”, afirmó.

Por eso, Peña indicó que insistirán en dos temas de fondo. El primero, que se frene la confiscación. Es decir, cortarse de forma definitiva y no temporal como establece la ley recientemente promulgada. Como segundo punto, exigen la devolución de la totalidad de los recursos conforme a la aportación de cada una de las entidades durante los casi cinco años que se confiscaron los recursos. 

“Creemos que todavía las demandadas de fondo respecto a la confiscación siguen vigentes, más allá de la reasignación de estos $us 200 millones, de los $us 516 millones, que tiene el fondo de incentivo a actividades petroleras”, refirió Peña.  

La autoridad especificó que de los $us 200 millones, cerca de $us 30 millones se repartirán en el conjunto del departamento (las entidades territoriales municipales, la gobernación y la universidad). Esto, a su juicio, prueba que la devolución de recursos no es conforme a lo aportado por cada una de las instituciones públicas. En el caso de la Gobernación cruceña, dijo que de los $us 30 millones recibirá $us 3,2 millones, siendo que en los casi cinco años de creación del fondo aportó $us 6 millones.

A modo de antecedente, Peña matizó que desde 2015 hay un fondo que quitaba los recursos del IDH que eran para salud y educación y que a la fecha lo aportado alcanza los $us 516 millones. “De ese monto, $us 200 millones se han reasignado para distribuir en más de 360 instituciones del país, nueve gobernaciones, 11 universidades, 340 municipios del país”, enfatizó.

En ese contexto, Peña manifestó que en estos momento son recursos importantes que ayudarán a paliar las necesidades crecientes que se tiene en materia de crisis sanitaria por la afectación del coronavirus a la población boliviana. 

Han pasado más de 10 días entre la sanción y la promulgación de la ley y pedimos al Órgano Ejecutivo la celeridad necesaria para que esos recursos vayan rápidamente a las alcaldías, las gobernaciones y universidades porque se precisan de manera urgente. Las necesidades son muchas”, sentenció.