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Ante la tensión entre los productores de maíz y el Gobierno por la producción y oferta del grano, Remmy Gonzáles, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, afirmó que el sector agropecuario privado tiene 11 millones de hectáreas para garantizar la provisión de alimentos para la población del país y que de no hacerlo se revertirán las tierras privadas que no cumplan con la Función Económica Social (FES).

Se debe garantizar la seguridad alimentaria. Nuestra lealtad esta con el pueblo boliviano y no con los empresarios que solo piensan en sus bolsillos. Ellos son los desleales, por eso, tierra que no cumpla con la FES, pasará a manos del Estado”, advirtió Gonzáles.

La autoridad remarcó que la merma de la superficie sembrada de maíz se debe a que los productores han optado por sembrar más soya, porque tiene un mejor precio internacional, lo que a su consideración pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.

De manera general Gonzáles indicó que hay una producción de más de un millón de toneladas de maíz y que la demanda interna supera las 900.000 toneladas, algo que según sus cálculos está muy en el límite, pero no obstante hay un superávit de unas 34.000 toneladas de maíz.

Remarcó que, por los problemas de sequía en el sur del país, se han perdido unas 50.000 toneladas del grano y el Gobierno sembrará en invierno unas 15.000 hectáreas a cargo de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y de otras 5.000 hectáreas bajo la responsabilidad de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), recientemente creada.

Según González estas 20.000 hectáreas van a producir unas 60.000 toneladas de maíz, un volumen que permitirá tener al Estado una mayor cintura para hacer frente a la demanda del mercado interno.

Durante la entrevista en el canal estatal, el ministro negó que al sector agropecuario privado no se le brinde las condiciones para producir alimentos y que los productores tienen 11 millones de hectáreas que el Estado les dotó a bajos precios, además de la subvención del diésel, unos 60 millones de litros al mes y cuentan con una norma que dejó sin efecto el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación de maquinaria agropecuaria.

“Dónde más se les puede ayudar. Lo único que les puedo decir es que no abusen. Que la seguridad alimentaria de los bolivianos la vamos a cumplir con o sin ellos”, puntualizó Gonzáles.

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