El Gobierno de Rodrigo Paz ajustó el proyecto de Ley 425 de “Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2026”, bajo seis lineamientos, entre ellos, la reducción de contratación de más funcionarios y eliminó los “ingresos ficticios” como los de la venta de bonos de carbono.
De acuerdo al documento presentado por el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, la reformulación del PGE 2026 responde a correcciones necesarias al presupuesto vigente, aprobado en la gestión del expresidente Luis Arce, el cual respondía a lineamientos ideológicos y no a la realidad económica del país, como lo expuso ante la Asamblea Legislativa.
En ese contexto, el proyecto de ley, que busca la aprobación de un presupuesto Bs 391.815 millones, plantea seis lineamientos: “La racionalización de la masa salarial del aparato estatal: se prohíben nuevas incorporaciones de personal, con la única excepción del crecimiento vegetativo en sectores críticos: salud, magisterio, Fuerzas Armadas y Policía boliviana. Las entidades y empresas públicas tienen el mandato de ejecutar programas de racionalización de personal y optimización de cargos, con una reducción de la masa salarial”, señala el primer punto.
El segundo lineamiento se refiere a la “obligación de reducir los gastos corrientes al mínimo indispensable manteniendo la continuidad operativa” de las instituciones públicas.
Sinceramiento económico
En relación al tercer lineamiento este se enfoca en eliminar del PGE 2026, los “ingresos ficticios” que inflaban el presupuesto en Bs 14.800 millones. Estos supuestos ingresos, explicó en un informe oral el ministro Espinoza, eran atribuidos a la venta de bonos de carbono, por ejemplo.
El ministro explicó que, si bien esta forma de captar ingresos es viable en Bolivia, la logística, el procedimiento y las certificaciones necesarias para el mismo pueden demorar en concretarse hasta tres años.
“El año pasado, para maquillar el déficit general que nos estaban dejando, el Gobierno anterior puso un ingreso de 2.000 millones de dólares por la emisión de bonos de carbono, que evidentemente era imposible de realizar”, sostuvo Espinoza.
El cuarto lineamiento está referido al sector hidrocarburífero: “Se estabilizaron los precios de combustibles y se adoptaron medidas para garantizar el abastecimiento, con la finalidad de contribuir al saneamiento de las finanzas públicas”, menciona el proyecto de ley.
El quinto punto se refiere a la protección de sectores sociales, con base en el ingreso efectivo. En ese contexto el Gobierno ya aplicó el pago del Bono Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), un monto adicional a la Renta Dignidad para beneficiarios sin aportes contributivos y la elevación del Salario Mínimo Nacional.
Sobre este punto, Espinoza alertó que el Gobierno de Arce, de manera deliberada y sin justificación, eliminó el presupuesto para el pago de la Renta Dignidad, con la intención de “cuadrar” los gastos y simular que se dejaba en mejor situación económica al país.
Por último, se planteó promover “una inversión pública más eficiente: Priorizando sectores y proyectos estratégicos viables y con posibilidades reales de ejecución”, señala el documento.
La madrugada de este sábado, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 425 y lo remitió a la de Senadores, donde debe ser tratado, con el fin de lograr la promulgación la siguiente semana, ante la urgencia de los plazos financieros vencidos para este tema.