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El gobierno argentino intervino al gigante agroexportador en bancarrota Vicentín y enviará al Congreso una ley para su expropiación, anunció el presidente Alberto Fernández.

"Vamos a acudir al rescate de Vicentín y defender a sus 2.600 trabajadores. Disponemos la intervención y el envío al Congreso de una ley de expropiación para convertirla en empresa mixta (de capitales públicos y privados)", dijo en rueda de prensa en la Casa Rosada (gobierno).

Vicentín se declaró en cese de pagos y convocatoria de acreedores en diciembre. Era el cuarto mayor vendedor al exterior de cereales y aceites del país, con un volumen anual de negocios de unos $us 3.000 millones.

"La ley declarará a la empresa de utilidad pública. Así se podrá formar un fondo fiduciario para administrar los bienes (de la firma). El administrador será YPF-Agro, de capitales mixtos y sección agrícola de la petrolera (estatal)", dijo el jefe de Estado.

Vicentín nació como empresa familiar de la provincia de Santa Fe (centro) y se expandió a la exportación. En su apogeo comenzó a producir biodiésel y etanol, entre otras actividades industriales.

La empresa tiene una deuda de unos $us 1.500 millones. Unos 300 millones los adeuda al estatal Banco Nación, que le otorgó créditos poco antes de que se declarara en quiebra, lo que motivó el inicio de una investigación judicial por fraude al Estado.

Delante de la intervenida firma, en el ranking de las agroexportadoras, se ubican otros colosos como las norteamericanas Cargill y ADM, y la china Cofco.

Argentina figura entre los 10 principales exportadores de alimentos del mundo, en particular con soya, maíz y aceites derivados.

Entre los acreedores de la quebrada firma figuran centenares de productores agropecuarios de la fértil pampa húmeda.

Vicentín cayó del cuarto al sexto puesto del ranking de las exportadoras cuando empezó su derrumbe financiero hace un año.

En la última campaña 2018-2019 exportó 8,5 millones de toneladas de granos y aceites.