Gobierno asegura que decreto 4906 que confisca bienes por terrorismo no afecta a gremiales ni a transportistas

Después de que surgieran cuestionamiento al Decreto Supremo 4906, que confisca los bienes de las personas acusadas por el delito de terrorismo, el viceministro interino de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, aclaró que la normativa no afectará a sectores como los gremialistas y transportistas, sino a personas que están en las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Esta semana, los sectores mencionados rechazaron la implementación de este decreto que establece duras sanciones por los delitos de terrorismos y legitimación de ganancias ilícitas. 

Recientemente, el Gobierno buscó en el congreso tratar un anteproyecto de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Fue el segundo intento de implementar esta norma; pero la norma es rechazada por varios sectores.

Al fracasar su intento por llevar a rango de ley este proyecto, el Gobierno del presidente Luis Arce Catacora decidió promulgar un decreto estableciendo sanciones duras. Esto generó el rechazo de varios sectores.

El dirigente de los gremiales Antonio Siñani señaló que su sector analiza medidas de presión que se podrían definir en un ampliado que realizará la próxima semana.

Agregó que su sector rechaza el decreto, porque la norma “no fue consensuada” con su sector y porque consideran que permitirá “una persecución” contra sus afiliados

Pero desde el Gobierno insisten en que el contenido del decreto tiene su soporte legal en la Constitución Política del Estado (CPE) y no tiene relación, como interpretaron algunos medios de prensa, con el anteproyecto de ley de cumplimiento de compromisos en materia de derechos humanos, que está suspendido en su debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta tanto concluya un proceso de socialización.

“Este decreto, lo que hace es reglamentar algo que ya estaba previsto en el Decreto 1553 que data de 2013 y que, principalmente, busca garantizar los derechos constitucionales sobre el procedimiento descongelamiento de fondos, ¿pero de quienes?, de personas que están registradas en las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estamos hablando de aquellas personas que están registradas como terroristas internacionales y que son buscados por la justicia internacional”, explicó Apaza, según reporte de la agencia ABI.

La autoridad sostuvo que el artículo VIII del DS 4906 establece que “la medida de congelamiento preventivo de fondos u otros activos será de aplicación inmediata a partir del conocimiento de las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Apaza aclaró que el congelamiento inmediato aplica contra aquellas personas que son buscadas internacionalmente por delitos de terrorismo, que ya está, además, previsto en la Ley 262 de 2012 de Régimen de Congelamiento de Fondos y Otros activos de Personas vinculadas con acciones de terrorismo y financiamiento al terrorismo.

Según él, el Estado boliviano está garantizando el cumplimiento de ese procedimiento con la finalidad de evitar el terrorismo y el daño a las familias.

“Ese es el objetivo principal, es importante que la población entienda que este decreto no le va a afectar a la familia gremial ¿por qué?, porque las personas que usualmente hacemos actividades económicas, ya sea en el sector formal o informal, no estamos en las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eso solamente aplica a ese tipo de delitos de terrorismo internacional”, insistió.

Entre tanto, la directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Indira Copa, afirmó que el decreto está se apega a la Constitución Política del Estado (CPE) y busca precautelar la garantía de presunción de inocencia y a proteger a los acreedores de buena fe.

En ese sentido, sostuvo que la norma “simplemente” establece y reglamenta lo señalado en la Ley 262 con relación al congelamiento referido a aquellas personas que están en la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El dirigente del transporte pesado Pedro Quispe informó que su sector se encuentra en alerta porque, según él, la norma establece que las personas demuestren de forma documental sus ingresos, pero muchos de sus afiliados no emiten facturas y no pueden demostrar sus ganancias.

Por ejemplo, explicó que hay choferes con más de dos décadas de trabajo, que han adquirido viviendas y que no podrá justificar la compra de este tipo de bienes al no tener una boleta de pago. En ese contexto, describió que hay miedo entre los hombres del volante.