Gobierno culpa a Camacho y a la Fiscalía por demora en el desalojo de predios avasallados

El Gobierno responsabiliza al gobernador de la Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al Ministerio Publico por la demora en el desalojo de varios predios privados que fueron tomados de forma violenta en el departamento cruceño y que recientemente fueron liberados por la Policía Nacional.

Así lo afirmó este martes, 20 de diciembre, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales en declaraciones al programa Influyentes que se emite todos los días por EL DEBER Radio. La autoridad hizo una evaluación sobre la problemática de la tierra ante los diferentes casos de avasallamiento que se registran en el departamento de Santa Cruz.

En la entrevista se consultó a la autoridad sobre por qué no se actuó en estos casos y no se ordenó el inmediato desalojo de los predios, que incluso fueron tomados con violencia. El ministro respondió que uno los problemas fue el conflicto que tuvo el Gobierno con la Gobernación de Santa Cruz, que ante los constantes avasallamientos de tierra decidió convocar a la Comisión Agraria Departamental, una instancia establecida por ley en donde se deben abordar el tema de la tierra, pero que es desconocida por el Poder Ejecutivo.

“No existe esa figura, desde que hay la Constitución Política del Estado (CPE) toda atribución en el tema de la tierra es competencia del presidente, incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Hemos tardado más de 100 días para aclarar al gobernador que él no tiene competencias”, justificó Gonzáles.

La autoridad también se quejó de la demora y la burocracia del Ministerio Público a la hora de encarar este tipo de procesos. Sostuvo que esta situación mantuvo con las manos atadas al Gobierno porque no podía intervenir sin un respaldo legal que tardó en llegar.

“Había problemas con el Ministerio Público en las notificaciones, de oficio no podíamos intervenir. Por eso hemos tenido que buscar las instancias para hablar con este problema”, aseguró.

Mandato presidencial

Gonzales también sostuvo que existe una orden presidencial de poner freno a la invasión de tierras. Por eso las denuncias se han incrementado a raíz de esta postura.

Explicó que antes se tenían registrados 208 casos de avasallamiento de tierras, pero ahora esta cifra se elevó a 237. De esta cantidad, según Gonzales, 17 ya tienen orden de desalojo.

“Hay una posición férrea de parte del Gobierno (contra los avasallamientos) porque debemos dar certeza a los propietarios”, dijo.

Entre los primeros desalojos mencionó el realizado en la propiedad de la familia Kim donde se encuentra una reserva natural que fue invadida por un grupo de avasalladores que abrió calles y construyó casas rudimentarias. Incluso estas personas llegaron a colocar medidores de luz.

Otros desalojos se realizaron en el campo, en donde incluso el Gobierno corroboró que varios de estos predios fueron abandonados por estos grupos.

Responsabilidad

La autoridad también fue consultada sobre por qué el Gobierno no sigue un proceso penal contra los avasalladores. Ante la pregunta, Gonzales aclaró que solo puede proceder legalmente cuando existe competencias de instancias como el INRA y el proceso de saneamiento esté inconcluso o al tratarse de tierras fiscales.

Pero, si la toma fue realizada en un predio privado, son los dueños los que deben activar un proceso penal contra estas personas, aclaró.

“Son los propietarios los que tienen que insistir para que se haga justicia porque ya tienen el título, porque si el Estado defendiera los títulos, nunca acabaríamos”, dijo.

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